El Tribunal Administrativo del Cauca, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2026, admitió para su trámite una demanda interpuesta contra la Nación – Ministerio del Interior (FONSECON), relacionada con la prolongada paralización del proyecto de construcción de la sede administrativa del municipio de López de Micay. La demanda fue presentada a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos.

Fundamentos de la demanda

La demanda reclama la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura pública funcional y la realización eficiente de la función administrativa para los habitantes del municipio. Se señala que, pese a la demolición de la infraestructura anterior y la existencia de contratos, recursos públicos comprometidos, pólizas e interventoría, el proyecto permanece inconcluso. Entre las pretensiones se solicita que el Ministerio del Interior y el municipio adopten medidas inmediatas para solucionar la parálisis y asegurar la continuidad del proyecto, elaboren un plan de acción con diagnóstico actualizado, responsabilidades institucionales, evaluación financiera y cronograma para la culminación de la obra. También se pide que se responda a las solicitudes formuladas por la Personería Municipal y que el Ministerio no se desentienda del problema alegando el vencimiento de la vigencia contractual.

Revisión de requisitos y admisión parcial

El tribunal advirtió que la demanda inicialmente carecía de la reclamación administrativa previa exigida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para algunas entidades demandadas, incluyendo el municipio, el contratista y el interventor. Al no subsanarse esta omisión en el término concedido, se rechazó la demanda respecto a estas entidades. Sin embargo, la demanda cumplió con los requisitos procesales para proceder contra la Nación – Ministerio del Interior, por lo que fue admitida en ese sentido. Se destacó que el Ministerio participa financieramente y administra el convenio interadministrativo de cofinanciación vinculado al proyecto.

Medidas cautelares y seguimiento

Se negó la solicitud de medidas provisionales que pretendían ordenar la instalación inmediata de una mesa técnica y jurídica para definir la ruta de solución, argumentando que no se demostró la inminencia de un daño irreparable ni perjuicios que justificaran tal medida. Además, se señaló que el convenio de cofinanciación concluyó el 31 de diciembre de 2025 y que el Ministerio había comunicado la imposibilidad de aprobar ampliaciones de plazo o recursos adicionales. El tribunal ordenó notificar a las partes involucradas y dispuso que la comunidad del municipio sea informada sobre la admisión y trámite de la acción, para garantizar la transparencia y el derecho a la información.

Implicaciones para la administración pública

Este caso pone de relieve la importancia de la planificación, ejecución y seguimiento en proyectos de infraestructura pública, así como la responsabilidad compartida entre entidades territoriales y ministerios en la gestión eficiente de recursos públicos. La decisión judicial enfatiza el cumplimiento de requisitos procesales para la protección efectiva de derechos colectivos y la necesidad de que las autoridades respondan oportunamente a reclamaciones administrativas previas. La admisión de la demanda contra el Ministerio del Interior abre el camino para que se evalúen en profundidad las causas de la paralización del proyecto y se determinen las medidas necesarias para su culminación, garantizando así la protección del interés general y la moralidad administrativa. Esta acción representa un paso significativo hacia la solución de los problemas que afectan la infraestructura pública en el municipio de López de Micay y sienta un precedente importante para futuros procesos similares en la región.