El Tribunal Administrativo del Cauca, en el marco de un proceso de protección de derechos e intereses colectivos, ordenó la práctica de una prueba pericial con el fin de evaluar técnicamente la relevancia ambiental del humedal La Samaria, las especies presentes y las posibles afectaciones derivadas de proyectos constructivos en la zona. Esta decisión busca también identificar acciones necesarias para la restauración o mitigación de daños al ecosistema. El tribunal señaló que para elaborar un presupuesto adecuado del dictamen pericial, es indispensable realizar una visita de reconocimiento al humedal. Dicha visita permitirá determinar el área de influencia, puntos de interés y el alcance técnico del peritaje, incluyendo la cantidad de profesionales involucrados, muestras y análisis de laboratorio, así como un eventual trabajo social con la comunidad. Se dispuso que la Defensoría del Pueblo, a través de su Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, deberá gestionar los recursos y la coordinación logística con el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, entidad encargada de realizar la prueba pericial. Además, el municipio de Santander de Quilichao y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) deben designar funcionarios que acompañen la diligencia, garantizando el acceso y aportando conocimiento institucional. El tribunal otorgó un plazo de quince días para que las entidades involucradas informen sobre las gestiones realizadas para la organización de la visita. Posteriormente, tendrán cinco días para comunicar la fecha, hora, funcionarios designados y condiciones logísticas acordadas. Adicionalmente, se requirió por última vez al municipio de Santander de Quilichao para que entregue un informe detallado sobre las actividades de mitigación del impacto ambiental en el humedal, la delimitación del área y los acuerdos establecidos con la comunidad. También debe informar sobre los compromisos asumidos por las empresas constructoras involucradas y el cumplimiento de los mismos. Se solicitó, asimismo, el convenio asociativo celebrado entre el municipio y las constructoras respecto al humedal. El tribunal advirtió que el incumplimiento injustificado de estas órdenes podrá acarrear sanciones y medidas correctivas conforme a la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, destacando la obligación de las entidades de colaborar eficazmente con la administración de justicia. Esta resolución representa un avance significativo en la protección del ecosistema del humedal La Samaria y en la supervisión de los proyectos que puedan afectar su integridad ambiental. La coordinación entre las entidades públicas y la academia será clave para el éxito de la prueba pericial y para garantizar la defensa de los derechos colectivos de la comunidad. Con estas acciones, se espera fortalecer la gestión ambiental en la región y promover la conservación de este importante ecosistema.