El Tribunal Administrativo del Cauca, en primera instancia, admitió la demanda presentada contra actos administrativos disciplinarios emitidos por la Policía Nacional, que sancionaron con suspensión e inhabilidad especial por seis meses a un servidor público policial subintendente. Estos actos fueron el fallo disciplinario de primera instancia, el de segunda instancia que confirmó la sanción y la resolución que ejecutó la medida. El proceso se originó tras una denuncia penal y disciplinaria relacionada con la desaparición de un bien incautado durante labores de patrullaje en 2021. El servidor público cuestionó la legalidad de la sanción, alegando omisiones probatorias, aplicación indebida de normativas posteriores a los hechos y falta de proporcionalidad en la sanción, dada su trayectoria y reconocimientos. La entidad demandada sostuvo que las actuaciones se ajustaron a la ley, en particular a la Ley 734 de 2012 y la Ley 1015 de 2006, y que se respetaron los derechos del disciplinado durante el proceso.

Trámite de sentencia anticipada

En atención a la Ley 2080 de 2021 y las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el tribunal consideró procedente adoptar el trámite de sentencia anticipada, dado que el caso es de puro derecho y no requiere práctica de pruebas adicionales. Asimismo, requirió a la entidad demandada remitir el expediente administrativo completo relacionado con la investigación disciplinaria para garantizar el derecho de contradicción y defensa del demandante. El tribunal fijó el litigio en torno a la nulidad de los actos administrativos disciplinarios y la eventual orden de reintegro al cargo con reconocimiento de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. Una vez allegado el expediente administrativo, se dará traslado a las partes para alegar de conclusión, tras lo cual se dictará sentencia anticipada por escrito. Esta decisión refleja la aplicación de mecanismos procesales para agilizar la administración de justicia en casos disciplinarios contra servidores públicos, garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia. De esta forma, el Tribunal Administrativo del Cauca reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública, asegurando que las sanciones disciplinarias se ajusten a derecho y respeten los derechos fundamentales de los involucrados.