Contexto del caso y decisión inicial

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Popayán aprobó inicialmente la liquidación de costas procesales por un valor aproximado de $15.405.425, calculada con base en el salario mínimo legal vigente del año 2020 y un porcentaje del 3 % sobre las pretensiones reconocidas. Esta decisión fue apelada por la parte demandante, quien argumentó que la liquidación debía efectuarse conforme al salario mínimo vigente al momento en que la sentencia alcanzó ejecutoria, es decir, en 2023.

Argumentos y análisis jurídico

El tribunal recordó que, según el artículo 366 del Código General del Proceso, las costas deben liquidarse de manera concentrada en el juzgado que conoció el proceso en primera instancia, una vez quede ejecutoriada la providencia que pone fin al mismo. En consecuencia, la liquidación debe utilizar el salario mínimo mensual legal vigente en el momento de la ejecutoria de la sentencia definitiva, ya que es cuando la entidad demandada está obligada a cumplir con la providencia. Además, se aclaró que la base para la liquidación debe ser el monto reconocido en la sentencia de segunda instancia que finalizó el proceso, y no el de la primera instancia, como inicialmente se hizo. Sin embargo, en atención al principio de congruencia, el tribunal limitó el monto a reconocer al solicitado por la parte apelante, a pesar de que la liquidación correcta resultaba en una suma mayor.

Resultado y efectos prácticos

Como resultado, la liquidación de las costas procesales fue modificada y fijada en veinte millones trescientos cincuenta y ocho mil pesos ($20.358.000), monto calculado con base en el salario mínimo vigente en 2023 y los rubros reconocidos en la sentencia definitiva que puso fin al proceso. Esta providencia corrige la liquidación anterior y garantiza que se aplique el criterio legal correcto para futuros casos similares. Una vez ejecutoriada la decisión, se remitirá al juzgado de origen para que adelante las acciones correspondientes. Esta resolución tiene especial relevancia para procesos administrativos donde la liquidación de costas debe ajustarse al momento exacto de la ejecutoria, asegurando así la correcta indemnización y cumplimiento de las sentencias. De esta manera, se fortalece la seguridad jurídica y se promueve un trato justo para las partes involucradas en procesos judiciales contra entidades estatales.