La Superintendencia del Subsidio Familiar respondió una consulta vinculada con la publicación de contratos de las cajas de compensación familiar en la plataforma Secop II. La inquietud surgió por la interpretación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que establece la obligación para ciertas entidades estatales de publicar sus actos contractuales en plataformas oficiales. En el concepto jurídico emitido, se aclaró que las cajas de compensación familiar son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones según el Código Civil. Por lo tanto, su régimen de contratación es de derecho privado, amparado en el parágrafo 2 del artículo 19 de la Ley 1797 de 2016, que especifica que su contratación continuará bajo este régimen. En contraste, el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 se refiere a la obligación de publicar documentos contractuales en el sistema electrónico para la contratación pública (Secop II) únicamente para entidades estatales con regímenes contractuales excepcionales. Dado que las cajas de compensación familiar no son entidades estatales, sino de derecho privado, no están sujetas a esta obligación.

Importancia del pronunciamiento para las cajas de compensación familiar

Este pronunciamiento tiene relevancia para las cajas de compensación familiar en todo el país, ya que despeja dudas sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y publicidad de sus contratos. Aunque administran aportes parafiscales, que son recursos públicos, su contratación no debe regirse por normas estatales de contratación pública. Se recomienda a estas entidades continuar cumpliendo con sus responsabilidades de transparencia y rendición de cuentas conforme a su régimen jurídico. Además, se exhorta a basarse en los conceptos emitidos por el órgano de inspección, vigilancia y control para resolver inquietudes similares.

Acceso a la información y conceptos jurídicos

Finalmente, la Superintendencia invita a consultar su página web, donde se encuentran disponibles todos los conceptos jurídicos emitidos, facilitando así el acceso a información orientadora para las entidades vigiladas. De esta manera, se promueve un manejo adecuado y transparente de los recursos y actuaciones contractuales, en línea con el marco legal vigente.