El tribunal administrativo del Meta se pronunció sobre la solicitud de medidas cautelares presentada en un proceso de protección de derechos e intereses colectivos en el sector Villas del Progreso, comuna 8 de Villavicencio. La demanda fue interpuesta contra el municipio, la empresa de acueducto y alcantarillado local, la corporación regional para el desarrollo sostenible, y las curadurías urbanas encargadas del ordenamiento territorial.

Contexto y antecedentes

Según la acción popular, el sector se encuentra en una zona técnicamente identificada como de alto riesgo por inundación, debido a su ubicación entre los cauces del río Ocoa y el caño Grande. Estudios elaborados por la Universidad Nacional y otros entes oficiales en 2023 evidenciaron construcciones en riesgo alto y medio, recomendando la ejecución de obras de mitigación, planes de reasentamiento, sistemas de alerta temprana y la incorporación de dicha información en el plan de ordenamiento territorial (POT). Los demandantes señalaron omisiones por parte de las entidades accionadas, como la falta de ejecución de obras de protección, ausencia de planes de contingencia específicos y deficiencias en la gestión del riesgo. En consecuencia, solicitaron medidas cautelares para implementar monitoreo y alerta comunitaria provisional, adopción de un plan de evacuación con señalización temporal, otorgamiento de subsidios transitorios o reubicación temporal de familias en riesgo alto, y suspensión preventiva de trámites de licenciamiento urbanístico en el polígono de amenaza alta.

Decisión del tribunal y medidas decretadas

Tras analizar las pruebas y argumentos, el tribunal reconoció la existencia de condiciones objetivas de amenaza y vulnerabilidad, avaladas por el estudio técnico de la Universidad Nacional y corroboradas por la información proporcionada por la oficina municipal de gestión del riesgo. Se constató la ausencia de sistemas definitivos de alerta temprana y planes de contingencia específicos para el sector, lo que aumenta la necesidad de medidas provisionales. Por ello, el tribunal decretó las siguientes medidas cautelares: - Implementación inmediata de un mecanismo provisional de monitoreo y alerta comunitaria para el río Ocoa y el caño Grande, a cargo de la oficina municipal de gestión del riesgo, con un plazo de 20 días para su adopción. - Adopción provisional de un plan de evacuación e instalación de señalización temporal de rutas y puntos de encuentro en el sector Villas del Progreso, con participación comunitaria y de la junta de acción comunal, a cumplirse en 45 días. - Identificación y delimitación cartográfica de las áreas catalogadas como de amenaza alta por inundación, tomando como referencia el estudio técnico y otros instrumentos disponibles, con plazo de 45 días. - Adopción de medidas administrativas preventivas para evitar la consolidación de nuevas construcciones, desarrollos urbanísticos o asentamientos en las áreas de amenaza alta mientras se profiere decisión de fondo, con presentación de informes trimestrales de seguimiento. En cambio, negó la suspensión general de trámites de licenciamiento urbanístico, debido a la falta de acreditación de su necesidad inmediata y el riesgo de afectar derechos de terceros no vinculados, considerando que las curadurías urbanas deben analizar cada caso conforme al plan de ordenamiento territorial vigente.

Conclusiones y expectativas

Finalmente, el tribunal destacó que, aunque el estudio técnico recomienda la reubicación de viviendas en zonas de riesgo alto como parte de una estrategia integral, no se acreditó la necesidad urgente de evacuación inmediata ni se identificaron familias en peligro inminente para decretar subsidios transitorios o reubicaciones provisionales. Estas medidas buscan garantizar una protección provisional efectiva y proporcional mientras se adelanta el proceso principal, reforzando la prevención y gestión del riesgo en un sector vulnerable de Villavicencio. Se espera que las autoridades competentes cumplan con los plazos establecidos y trabajen de manera articulada con la comunidad para minimizar los riesgos y proteger a los habitantes del sector Villas del Progreso.