El Tribunal Administrativo del Meta se pronunció sobre aspectos procesales en el medio de control por pérdida de investidura promovido contra un concejal del municipio de Castilla La Nueva. El proceso se fundamenta en las causales previstas en la Ley 136 de 1994 y la Ley 617 de 2000, y se encuentra en la etapa probatoria tras la admisión de la demanda y la contestación oportuna por parte del demandado. El despacho judicial aclaró que, debido a la naturaleza expedita del proceso de pérdida de investidura regulado por la Ley 1881 de 2018, no es procedente resolver de forma anticipada las excepciones previas planteadas, las cuales deberán ser analizadas conjuntamente con las de mérito en la sentencia definitiva. Se decretaron e incorporaron como pruebas documentales los documentos aportados con la demanda y se admitió como prueba audiovisual un registro público disponible en una red social, relativo a la entrega de condecoraciones por parte del Concejo Municipal. Además, se accedió a la solicitud del Ministerio Público para oficiar al Concejo Municipal de Castilla La Nueva, solicitando grabaciones y certificaciones de sesiones plenarias del año 2025. También se ordenó la práctica de testimonios de altos funcionarios del Concejo Municipal, quienes declararán sobre la financiación y entrega de reconocimientos, a fin de esclarecer las circunstancias relacionadas con los hechos objeto del proceso. La audiencia para la recepción de testimonios se realizará de manera virtual, utilizando la plataforma Teams, y se establecieron parámetros claros para la participación y citación de los testigos. De oficio, el tribunal solicitó al Concejo Municipal la entrega de documentos relacionados con la reglamentación vigente sobre el otorgamiento de reconocimientos a ciudadanos y el reglamento interno aplicable para agosto de 2025. Finalmente, se fijó la audiencia de pruebas para el 21 de agosto de 2026 a las 8:30 a.m., y se anticipó que, una vez culminada esta etapa, se programará la audiencia pública correspondiente conforme a la ley. Este proceso refleja la rigurosidad y el seguimiento que el sistema judicial colombiano aplica en los procedimientos para la pérdida de investidura, garantizando el debido proceso y la transparencia en el ejercicio de cargos públicos, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.