El tribunal administrativo del Meta inadmitió y posteriormente rechazó una acción popular promovida contra la autoridad ambiental local, el municipio de Villavicencio y la empresa industrial y comercial del municipio, relacionados con el proyecto denominado «Renovación urbana a través de la adecuación del espacio público de la avenida Catama». La acción buscaba proteger derechos e intereses colectivos, exigiendo el cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales, urbanísticas y paisajísticas establecidas en normativas municipales y resoluciones ambientales vigentes. Entre las solicitudes de la demanda se incluía la verificación del cumplimiento del plan paisajístico y de ornato, la existencia y ejecución del plan de manejo ambiental, así como la correspondencia entre los diseños aprobados y las actividades ejecutadas en el corredor vial objeto de intervención. Además, se pedía la inspección judicial del área y la adopción inmediata de medidas correctivas en caso de incumplimientos.

Requisitos procesales y decisión del tribunal

Durante el proceso, el tribunal requirió al accionante subsanar deficiencias formales de la demanda, especialmente en relación con la especificación concreta de las acciones u omisiones atribuidas a cada entidad accionada y el cumplimiento del requisito de procedibilidad, que implica la presentación previa de una solicitud ante las autoridades para la protección de los derechos colectivos amenazados. Aunque se corrigieron varios aspectos, no se cumplió con demostrar que se realizó la reclamación previa, requisito esencial para avanzar en la acción popular, salvo en casos excepcionales de peligro inminente e irreversible. La demanda argumentaba que la tala de árboles autorizada constituía un daño irreversible y que existía un riesgo para los derechos colectivos; sin embargo, el tribunal consideró que no se acreditó suficientemente la existencia de una amenaza cierta, real y actual que justificara prescindir del requisito de procedibilidad.

Implicaciones y cierre del proceso

El tribunal recordó que la acción popular tiene carácter preventivo y que las violaciones o amenazas deben ser evidentes y demostrables. En este caso, la preocupación por posibles incumplimientos futuros no fue suficiente para proceder. Por tanto, conforme a la normativa vigente, se decidió rechazar la demanda para garantizar la correcta administración de justicia y la observancia de los términos legales. La decisión destaca la importancia de cumplir con los requisitos procesales para la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos, y resalta que la omisión de tales cargas procesales implica consecuencias jurídicas para quien promueve la acción. Finalmente, el expediente será archivado tras la ejecutoria de la providencia, concluyendo así el trámite judicial sin que se ordenen medidas adicionales en relación con el proyecto de renovación urbana en la avenida Catama.