El Tribunal Administrativo del Meta atendió un recurso de insistencia presentado por el apoderado de un soldado profesional, quien solicitó la entrega de documentación que sustentó el acto administrativo de retiro del servicio militar. Entre los documentos requeridos estaban copias de actas de incorporación y desincorporación, informes de comandantes de batallón, pelotón, escuadra y compañía, así como certificaciones sobre investigaciones o procesos disciplinarios relacionados con el caso. La autoridad militar respondió negando la entrega de dichos informes, argumentando que la información de trabajo de campo está protegida por reserva legal por tratarse de información de contrainteligencia. Frente a esta negativa, el apoderado presentó recurso de insistencia para solicitar nuevamente los documentos, argumentando que dichos documentos se requerían como prueba en un proceso judicial en curso. Sin embargo, el tribunal determinó que el recurso de insistencia fue presentado fuera del término legal establecido, que es de diez días hábiles contados desde la notificación de la negativa. En consecuencia, el recurso fue rechazado por extemporáneo. Adicionalmente, el tribunal exhortó al comandante del batallón involucrado para que en adelante atienda en los términos establecidos los requerimientos judiciales, recordando la importancia del cumplimiento oportuno en los procesos administrativos y judiciales. Este caso destaca la relevancia de cumplir con los plazos procesales establecidos para el ejercicio del derecho de petición y los recursos que de él derivan, así como las limitaciones legales para el acceso a información sujeta a reserva por razones de seguridad nacional. La decisión reafirma que la negativa a entregar información debe ser debidamente motivada y que la presentación tardía de recursos puede conllevar su rechazo, afectando el acceso a la justicia y la defensa de los derechos de los ciudadanos. En conclusión, la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta subraya la necesidad de respetar los términos legales para la presentación de recursos y la obligación de las autoridades militares de responder oportunamente a los requerimientos judiciales, garantizando así la transparencia y el derecho a la defensa en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el servicio militar.