Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, en el marco de un proceso de controversias contractuales. El auto fue dictado en segunda instancia y aborda la viabilidad de dictar sentencia anticipada conforme al artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió:

• Tener por no contestada la demanda interpuesta por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) contra el contratista, debido a la ausencia de respuesta dentro del término legal.
• Fijar el litigio en los siguientes términos:
  • Declarar la liquidación judicial del contrato de consultoría N° 2246 de 2021.
  • Determinar el balance final de cuentas del contrato mencionado.
  • Establecer si existió incumplimiento parcial del contratista respecto a la obligación de calidad en la elaboración del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en particular sobre variantes específicas del proyecto.
  • Determinar si existe diferencia económica que el demandado debe asumir a favor del INVIAS.
• Incorporar al expediente las pruebas documentales aportadas con la demanda, admitiéndolas como válidas.
• Decretar, de oficio, la práctica de pruebas documentales adicionales, ordenando al INVIAS remitir dentro de cinco días:
  • Copia íntegra del proceso sancionatorio adelantado contra el contratista por presunto incumplimiento de obligaciones contractuales específicas.
  • Certificación sobre la existencia de proceso administrativo por siniestro de calidad del servicio relacionado con el contrato objeto del litigio, y en caso afirmativo, remisión de copia íntegra del mismo.
• Pasar el asunto a sentencia anticipada, sin convocatoria a audiencia inicial ni de alegaciones, por considerarse suficientes los elementos de juicio existentes para resolver el proceso.
• Correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, en un término de diez días, y al Ministerio Público para que rinda concepto si así lo considera.

Razón principal de la decisión

La Sala fundamentó su decisión en que el proceso no ha iniciado audiencia inicial, condición de procedibilidad para la sentencia anticipada. Además, se concluyó que los elementos probatorios aportados y los que se incorporarán de oficio son suficientes para pronunciarse sobre el litigio sin necesidad de practicar pruebas adicionales ni celebrar audiencias, conforme a lo previsto en el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, se estimó procedente dictar sentencia anticipada y se ordenó la práctica de pruebas documentales complementarias para completar el acervo probatorio.

Antecedentes relevantes

El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) formuló demanda de controversia contractual contra un contratista privado, solicitando la declaración de liquidación judicial del contrato de consultoría N° 2246 de 2021, la determinación del balance de cuentas y la declaración de incumplimiento parcial en la calidad del servicio contratado, entre otras pretensiones. La demanda fue inicialmente inadmitida por inconsistencias en las pruebas aportadas, pero posteriormente admitida tras su corrección. El demandado fue debidamente notificado, pero no contestó la demanda dentro del término legal.

Efectos jurídicos

El auto vincula a las partes al trámite de sentencia anticipada, estableciendo el litigio que será objeto de decisión definitiva. Se ordena al INVIAS suministrar documentos específicos relacionados con procesos administrativos y sancionatorios contra el contratista para complementar la prueba. Además, se otorga a las partes un término para alegar de conclusión por escrito. Finalmente, se invita al Ministerio Público a intervenir con concepto en el proceso. La sentencia anticipada que se profiera tendrá efectos vinculantes sobre las partes en cuanto a las pretensiones fijadas y las pruebas incorporadas. Esta decisión representa un avance en la agilización de los procesos administrativos relacionados con controversias contractuales, al permitir que los tribunales resuelvan casos con suficiente acervo probatorio sin necesidad de prolongar innecesariamente la etapa probatoria. Así, se garantiza una mayor eficiencia en la administración de justicia y la tutela efectiva de los derechos de las partes involucradas.