Naturaleza de la providencia y competencia

Se trata de un auto interlocutorio proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en sede de apelación contra decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección C. El recurso de apelación fue interpuesto contra el auto de 10 de febrero de 2026 que denegó la medida cautelar solicitada.

Sentido de la decisión

• Confirma el auto que denegó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de actos administrativos inscritos en el registro mercantil.
• Declara fundado el impedimento de uno de los consejeros para intervenir en el proceso y ordena su separación del conocimiento del asunto.
• Ordena la devolución del expediente al tribunal de origen una vez la decisión quede en firme.

Antecedentes fácticos y procesales

Una sociedad y su representante legal interpusieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos de inscripción en el registro mercantil relacionados con la aprobación de nombramientos en la junta directiva y la designación del representante legal de otra sociedad. La parte actora alegó que las asambleas y juntas directivas registradas no fueron válidas porque quienes participaron no eran los verdaderos accionistas, dado que la sociedad demandante había adquirido el 100% de las acciones previamente. Por ello, solicitaron medidas cautelares para suspender provisionalmente los efectos de esos actos y ordenar a la Cámara de Comercio abstenerse de registrar documentos provenientes de dichas personas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la medida cautelar, considerando que las actas inscritas cumplían con los requisitos formales establecidos en el Código de Comercio y estatutos sociales, y que la Cámara de Comercio realiza un control formal y no material sobre los actos registrales. En consecuencia, no encontró configurada una irregularidad formal ostensible que justificara la suspensión provisional.

Fundamentos y análisis del Consejo de Estado

El Consejo de Estado revisó el recurso de apelación y confirmó la decisión del tribunal. Señaló que:

• El control que ejercen la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Sociedades sobre los actos inscritos en el registro mercantil es eminentemente formal, restringido y reglado. Estas entidades verifican el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias, pero no tienen competencia para examinar la veracidad sustancial de los hechos consignados en las actas o la composición accionaria de la sociedad.
• La inscripción de las actas de asamblea y junta directiva se realizó con base en la constancia de la presencia del 100% de las acciones suscritas y en el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la adopción de decisiones.
• Las controversias sobre la calidad de los accionistas y la validez sustancial de las reuniones exceden la competencia de las entidades registrales y deben ventilarse ante las autoridades judiciales competentes.
• No se evidenció una infracción manifiesta de normas superiores ni irregularidad formal ostensible en el trámite registral que justificara la adopción de la medida cautelar solicitada.
• Las demás medidas cautelares solicitadas, como la suspensión de facultades para obligar patrimonial y contractualmente a la sociedad o la orden de abstención de la Cámara de Comercio para registrar documentos, dependen de la demostración preliminar de la vulneración del ordenamiento jurídico, la cual no fue acreditada en esta etapa.

Efectos jurídicos de la decisión

• Confirma la denegación de la medida cautelar que pretendía suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos inscritos en el registro mercantil.
• Declara impedido y separa a un consejero para intervenir en el proceso, por haber emitido concepto extraprocesal relacionado con el asunto.
• Ordena al tribunal de origen continuar con el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De esta forma, la decisión ratifica la importancia del control formal que ejercen las entidades registrales y delimita el alcance de las medidas cautelares en procesos relacionados con el registro mercantil, preservando la estabilidad jurídica mientras se resuelven las controversias sustanciales ante las autoridades competentes.