Naturaleza de la providencia y tribunal
La decisión corresponde a un auto emitido por la Sala Plena de la Corte Constitucional en segunda instancia, en el trámite de un recurso de súplica interpuesto contra un auto de rechazo de demanda de inconstitucionalidad.
Sentido de la decisión
El tribunal resolvió:
- Rechazar por improcedente el recurso de súplica interpuesto contra el auto de rechazo de la demanda, debido a que no cumple con la carga argumentativa mínima exigida.
- Confirmar la inadmisión de la demanda de inconstitucionalidad presentada inicialmente contra las expresiones “varón” y “varones colombianos” contenidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 1861 de 2017.
- Ordenar el archivo del expediente una vez ejecutoriada la decisión.
- Advertir que contra esta providencia no procede recurso alguno.
Razón principal de la decisión
El fundamento central para rechazar el recurso de súplica fue la constatación de que el recurrente no controvirtió de manera concreta, específica y suficiente las razones expuestas en el auto de rechazo inicial. La Corte destacó que el recurso debe limitarse a impugnar las motivaciones del rechazo y no a reiterar o profundizar los argumentos de fondo ya presentados en la demanda o en el escrito de corrección. En este caso, el recurrente reprodujo esencialmente las tesis iniciales sobre la supuesta inconstitucionalidad de las expresiones objetadas, sin desvirtuar los fundamentos que llevaron a concluir la falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia de los cargos.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
Un ciudadano presentó una acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión “varón” en el artículo 11 y “varones colombianos” en el literal k) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, la cual reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y movilización. Sostuvo que estos términos vulneran derechos constitucionales relacionados con la igualdad, la dignidad y el principio de laicidad, así como tratados internacionales de derechos humanos.
La demanda contenía tres cargos principales:
- Que la expresión “varones colombianos” es discriminatoria y perpetúa estereotipos patriarcales y confesionales.
- Que existe una omisión legislativa relativa al no incluir a hombres trans en la causal de exoneración del servicio militar que sí reconoce a mujeres trans.
- Que hay una omisión legislativa absoluta respecto a las personas con identidad de género no binaria, quienes quedarían sin regulación clara para definir su situación militar.
El magistrado sustanciador inadmitió inicialmente la demanda por falta de claridad y certeza en los cargos, concediendo un término para corrección. La corrección presentada no subsanó esas deficiencias y fue rechazada mediante auto. Contra dicho auto se interpuso recurso de súplica.
Efectos jurídicos de la decisión
La providencia rechaza el recurso de súplica y confirma la inadmisión de la demanda de inconstitucionalidad, lo que implica que no se abrirá trámite de fondo para examinar la constitucionalidad de las expresiones objetadas en la Ley 1861 de 2017. La decisión vincula a las partes en el proceso y ordena el archivo del expediente. Se señala que la parte recurrente puede presentar una nueva demanda, atendiendo las observaciones sobre los requisitos de claridad, certeza y especificidad para la admisión de la acción pública de inconstitucionalidad.
Consideraciones adicionales
El tribunal recordó que el recurso de súplica es un mecanismo excepcional y restrictivo, cuyo propósito es controvertir las razones concretas del rechazo y no para añadir nuevos argumentos o corregir deficiencias ya señaladas. Además, indicó que la jurisprudencia constitucional ha interpretado las expresiones “varón” y “mujer” en el contexto del servicio militar como referidas a la identidad de género y no únicamente al sexo biológico asignado al nacer.
Finalmente, la Corte enfatizó que el reconocimiento constitucional de grupos poblacionales, como las personas no binarias, no implica automáticamente la existencia de una omisión legislativa relativa susceptible de control abstracto, sin una argumentación clara y específica que lo sustente. Por ello, invitó a futuros actores a presentar demandas que cumplan con los estándares de claridad y fundamentación necesarios para el adecuado ejercicio del control constitucional.
