Naturaleza de la providencia y tribunal

La decisión es una sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y tiene por objeto revisar la acción de tutela presentada contra una sentencia del Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

Sentido de la decisión

• Se concede parcialmente el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
• Se revocan parcialmente las sentencias de tutela dictadas en primera y segunda instancia que declararon improcedente la acción, en lo relativo a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado.
• Se dejan sin efecto los resolutivos segundo y tercero de la sentencia del 19 de julio de 2022 del Consejo de Estado, que negaron las pretensiones y condenaron en costas.
• Se ordena a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado dictar nueva sentencia en un plazo de treinta días, valorando integralmente el acervo probatorio, en particular el Informe de la Operación Júpiter y el testimonio del único sobreviviente.
• Se confirma la improcedencia de la acción de tutela en contra de la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Razón principal de la decisión

La Corte Constitucional concluyó que la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico por valoración incompleta y fragmentaria del acervo probatorio. En particular, no valoró integralmente documentos relevantes, como la Orden de Operaciones “Júpiter” y su evaluación interna, ni el testimonio del único sobreviviente, que evidenciaban la finalidad de rescate de la operación militar, los errores tácticos cometidos y el conocimiento previo del riesgo de ejecución de los secuestrados por parte de los captores. Esta valoración parcial condujo a conclusiones contrarias a los hechos acreditados, atribuyendo la muerte exclusivamente al accionar del grupo insurgente y omitiendo la responsabilidad estatal por la falta de prevención y protección debida. Se indicó que la valoración probatoria debe ajustarse a los estándares constitucionales de la sana crítica y la flexibilidad probatoria aplicable en casos de víctimas del conflicto armado. Respecto al supuesto desconocimiento del precedente alegado por los accionantes en relación con sentencias previas sobre casos similares, la Corte determinó que no existió tal defecto. Las sentencias invocadas como precedentes eran en su mayoría posteriores a la decisión cuestionada o proferidas por autoridades judiciales de menor jerarquía, por lo que no constituían precedente horizontal vinculante.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El caso se originó en una demanda de reparación directa promovida por familiares de un uniformado secuestrado y posteriormente asesinado en el marco de un operativo militar de rescate denominado “Operación Júpiter”. La demanda se dirigió contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por presunta responsabilidad estatal en el secuestro y muerte del uniformado. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia reconoció la responsabilidad del Estado por la muerte bajo el régimen de riesgo excepcional y negó responsabilidad por el secuestro. En segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la sentencia y declaró la caducidad de la acción respecto al secuestro, negó la responsabilidad estatal por la muerte y condenó en costas a los demandantes. Los demandantes presentaron recurso extraordinario de revisión que fue declarado infundado por la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado. Posteriormente, promovieron acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales por defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial. En el trámite de tutela, la acción fue admitida parcialmente, se reconoció la legitimación activa de los familiares como accionantes, y se vinculó a diversas autoridades judiciales y administrativas relacionadas con el proceso.

Efectos jurídicos de la decisión

• Se ordena la revocatoria parcial de la sentencia del Consejo de Estado que negó la responsabilidad estatal por la muerte del uniformado y se dejan sin efecto los apartados que negaron las pretensiones y condenaron en costas.
• Se obliga a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado a dictar una nueva sentencia que valore integralmente el acervo probatorio, especialmente el Informe de la Operación Júpiter y el testimonio del sobreviviente, con base en el principio iura novit curia.
• Se confirma la improcedencia de la acción de tutela contra la Sala Especial de Decisión No. 25 del Consejo de Estado por falta de legitimación activa.
• Las órdenes incluyen a todos los accionantes, incluso a quienes no acreditaron legitimación activa, en calidad de terceros con interés.

La sentencia destaca la necesidad de que en procesos relacionados con víctimas del conflicto armado se aplique una valoración probatoria integral y razonada, con criterios de flexibilidad y protección reforzada para garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia. --- Este resumen ejecutivo presenta los elementos esenciales de la Sentencia SU-171 de 2026 de la Corte Constitucional, sin valorar ni interpretar más allá de lo establecido por el tribunal, y respetando la confidencialidad de las personas involucradas.