Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia

La decisión corresponde a una sentencia proferida por la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en el trámite de revisión de un fallo de tutela emitido por un juzgado penal municipal con funciones de conocimiento.

Sentido de la decisión

• Declarar la carencia actual de objeto por situación sobreviniente respecto a la solicitud de asignación de docente de apoyo pedagógico en la institución educativa demandada, debido al retiro voluntario de la menor.
• Negar la tutela respecto a la provisión del tutor sombra solicitado, al no acreditarse los requisitos legales para ordenar su suministro, dada su exclusión expresa del Plan de Beneficios en Salud y la ausencia de orden médica que lo prescriba.
• Ordenar a la representante de la menor que, si no lo ha hecho, matricule inmediatamente a la niña en una institución educativa y atienda las citaciones para definir e implementar el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR).
• Disponer a la Secretaría de Educación municipal y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizar seguimiento al caso para verificar la escolarización y garantizar el derecho a la educación si la menor se encuentra desescolarizada.
• Tutelar el derecho a la salud en su componente diagnóstico y ordenar al establecimiento de Sanidad Militar que, en un plazo máximo de ocho días hábiles, integre un equipo interdisciplinario para evaluar integralmente las necesidades de salud de la menor y determinar las prestaciones requeridas para su atención.
• Desvincular de la acción de tutela a varias entidades que no tienen competencia para responder por la prestación del tutor sombra o la educación de la menor.

Razón principal de la decisión

La Sala constató que la menor fue retirada voluntariamente de la institución educativa por su representante por motivos distintos a los que motivaron la acción de tutela, configurándose así una situación sobreviniente que genera la carencia actual de objeto respecto a la solicitud de docente de apoyo pedagógico. En cuanto al tutor sombra, la prestación está expresamente excluida de la financiación con recursos públicos del sistema de salud y su asignación requiere una orden médica que no fue aportada. Sin embargo, atendiendo a la especial protección constitucional de la menor, se tuteló el derecho a la salud en su componente diagnóstico, ordenando una valoración interdisciplinaria para determinar las prestaciones necesarias. Además, se consideró indispensable garantizar la escolarización efectiva de la niña.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La acción de tutela fue interpuesta por la representante de una niña de seis años con discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, quien presentaba dificultades para acceder y permanecer en la educación regular en igualdad de condiciones. La tutela solicitaba medidas para garantizar derechos fundamentales a la educación, salud, igualdad, dignidad e integridad, incluyendo la asignación de un docente de apoyo pedagógico o un tutor sombra. Durante el trámite, se acreditó que la menor contaba con un Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) implementado por la institución educativa, pero no existía orden médica que justificara el acompañamiento individual permanente mediante tutor sombra. La Secretaría de Educación informó que la menor fue retirada de la institución educativa por decisión de su madre por razones ajenas a la tutela. El juzgado de primera instancia denegó el amparo solicitado. En revisión, la Corte Constitucional recabó informes y documentos que evidenciaron la situación sobreviniente y la exclusión expresa del tutor sombra del Plan de Beneficios en Salud.

Efectos jurídicos de la decisión

La sentencia obliga a la representante de la menor a matricularla en una institución educativa y a participar en la elaboración y seguimiento del PIAR. Ordena a la Secretaría de Educación municipal y al ICBF realizar seguimiento para verificar la escolarización efectiva y adoptar medidas para garantizar el derecho a la educación si la menor se encuentra desescolarizada. En materia de salud, ordena al establecimiento de Sanidad Militar conformar un equipo interdisciplinario para evaluar integralmente la situación de la menor y determinar las prestaciones necesarias para el manejo de sus diagnósticos, con el compromiso de no dilatar la provisión oportuna de los servicios que se requieran. Finalmente, desvincula del trámite a las entidades que no tienen competencia para responder por las pretensiones de la tutela, limitando la responsabilidad a las entidades del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y a las autoridades educativas y de bienestar familiar con competencia directa. --- Esta decisión se fundamenta en la aplicación de la jurisprudencia constitucional sobre la carencia actual de objeto, el derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad, la función del PIAR, la distinción entre apoyos pedagógicos y tutor sombra, y las reglas para la provisión de servicios de salud excluidos del Plan de Beneficios en Salud, consolidando así el compromiso del Estado con la protección integral de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.