Naturaleza de la providencia e instancia
La providencia es un
auto proferido por el Despacho Segundo del Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia, dentro del trámite de seguimiento y verificación del cumplimiento de una sentencia de marzo de 2022 que aprobó un pacto de cumplimiento celebrado en el marco de una acción popular por la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos en el Municipio de Armenia.
Sentido de la decisión
El tribunal resolvió adoptar una serie de medidas complementarias de verificación y seguimiento en relación con la obligación de actualización e implementación del PGIRS. Estas medidas consisten en:
- Ordenar al Municipio de Armenia la elaboración de un diagnóstico integral del PGIRS vigente, que identifique integralmente los programas, metas, indicadores, líneas base, cronogramas, actividades, fuentes de financiación y demás componentes con posibles inconsistencias frente a la realidad municipal.
- Disponer que la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) emita observaciones técnicas sobre el diagnóstico en un plazo determinado.
- Establecer que el Municipio de Armenia, en coordinación con la CRQ, analice estas observaciones, adelante las reuniones o mesas técnicas necesarias y consolide un informe técnico definitivo.
- Ordenar que el informe técnico definitivo sea remitido al tribunal y trasladado a los sujetos procesales relevantes para que emitan pronunciamiento en el término previsto.
- Prever que, cumplidas estas actuaciones, el despacho evaluará la necesidad de adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento material de la obligación y la protección efectiva de los derechos colectivos.
Razón principal de la decisión
La decisión se fundamenta en la constatación de que, durante la fase de seguimiento de la sentencia, se presentaron observaciones técnicas que ponen en duda la correspondencia de algunos componentes del PGIRS vigente con la realidad técnica, operativa, financiera, ambiental y territorial del municipio. Estas inconsistencias impiden considerar acreditado el cumplimiento material de la obligación judicial y requieren una verificación que trascienda el cumplimiento formal del documento.
El tribunal destacó que la función de seguimiento en acciones populares debe garantizar la efectividad material de las órdenes judiciales, por lo que es necesario establecer mecanismos que permitan evaluar si el PGIRS actualizado cumple efectivamente sus fines para proteger los derechos colectivos.
Antecedentes relevantes
En marzo de 2022, el tribunal aprobó un pacto de cumplimiento en el que el Municipio de Armenia se comprometió a actualizar e implementar el PGIRS, definir fuentes de financiación, cumplir con objetivos a corto, mediano y largo plazo, y adoptar acciones afirmativas, entre otros compromisos, con el fin de proteger derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, el equilibrio ecológico y la prestación eficiente de servicios públicos.
Durante la audiencia de seguimiento realizada en febrero de 2026, representantes del municipio expusieron dificultades técnicas relacionadas con las líneas base, metas e indicadores del PGIRS, indicando que no reflejan adecuadamente la realidad municipal, lo que dificultó la ejecución de varios componentes. Ante estas manifestaciones, el Ministerio Público solicitó al tribunal evaluar la necesidad de adoptar medidas adicionales para verificar el cumplimiento material de la obligación.
Efectos jurídicos de la providencia
La providencia ordena al Municipio de Armenia y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío ejecutar las actividades de diagnóstico, revisión y consolidación técnica del PGIRS conforme a los plazos establecidos, y someter los resultados a la evaluación del tribunal y pronunciamiento de las partes interesadas.
Estas medidas tienen por objeto garantizar el cumplimiento material de la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento, sin modificar ni adicionar las obligaciones inicialmente impuestas, sino como parte del ejercicio de seguimiento y verificación inherente a la protección de derechos e intereses colectivos. Eventuales medidas adicionales serán evaluadas conforme a los informes que se presenten.
La decisión vincula al Municipio de Armenia, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, a la empresa pública designada como auditor y al Procurador Judicial delegado ante el tribunal, en el marco del proceso de seguimiento.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
