Naturaleza de la providencia y contexto procesal

La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió un auto en primera instancia en el trámite de beneficios de justicia transicional. La decisión se refiere a la solicitud de amnistía de iure presentada por una persona vinculada al proceso, en el marco de investigaciones relacionadas con conductas ocurridas durante el conflicto armado en Colombia.

Sentido de la decisión

• Concesión de amnistía de iure respecto a la conducta de daño en bien ajeno investigada en un proceso penal remitido a la JEP.
• Avocación de conocimiento para continuar el trámite de amnistía de sala sobre la conducta de terrorismo asociada al mismo proceso.
• Extensión de los efectos del régimen de condicionalidad previamente suscrito al beneficio de amnistía otorgado.
• Requerimiento final para que el compareciente y su defensa respondan y amplíen su aporte de verdad en los términos solicitados por el Ministerio Público.
• Orden de búsqueda y representación provisional de la víctima identificada en el proceso, asignando defensa provisional a cargo del Ministerio Público.
• Levantamiento de reserva sobre un expediente remitido por la Fiscalía para efectos del trámite.
• Notificación a las partes y a las autoridades competentes, y apertura de recursos de reposición y apelación respecto al beneficio concedido.

Razón principal de la decisión

El tribunal determinó que la JEP tiene competencia prevalente para conocer y decidir sobre conductas relacionadas con el conflicto armado, incluyendo aquellas que se encuentran en etapa de indagación o investigación preliminar sin formal vinculación penal. Se verificó el cumplimiento de los factores de competencia temporal, personal y material establecidos en la Constitución y la legislación transicional. En particular, los hechos en estudio ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y están relacionados indirectamente con el conflicto armado, habiendo sido perpetrados por miembros del grupo armado FARC-EP como represalias. En cuanto a la amnistía de iure, se identificó que el delito de daño en bien ajeno se encuentra dentro del catálogo de conductas amnistiables según la Ley 1820 de 2016, por lo que se concedió el beneficio respecto a esa conducta. Por el contrario, la conducta de terrorismo no es objeto de amnistía de iure, por lo que se avocó conocimiento para tramitar la amnistía de sala conforme al procedimiento establecido en la Ley 1922 de 2018.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El trámite se adelantó a partir de un proceso penal remitido por la Fiscalía a la JEP, relacionado con la incineración de un vehículo tipo taxi ocurrida en enero de 2011. La persona solicitante reconoció su participación en los hechos manifestando que actuó bajo órdenes del grupo armado. La investigación penal en la jurisdicción ordinaria se encontraba en etapa preliminar y fue suspendida con la remisión a la JEP. Se recabaron testimonios y elementos materiales que evidencian la relación de los hechos con el conflicto armado y las represalias ordenadas por la estructura rebelde. El Tribunal verificó que la persona solicitante cumple con los requisitos personales, temporales y materiales para que la JEP asuma competencia y conceda beneficios transicionales. Además, se contó con el aporte de verdad del compareciente y se destacó la obligación de ampliar dicha información conforme a los requerimientos del Ministerio Público.

Efectos jurídicos y órdenes dispuestas

• Se concede la amnistía de iure respecto del delito de daño en bien ajeno, con extensión de los efectos del régimen de condicionalidad previamente suscrito.
• Se avoca conocimiento para tramitar la amnistía de sala sobre la conducta de terrorismo, con traslado al Ministerio Público para que se pronuncie y aporte pruebas.
• Se ordena la búsqueda y ubicación de la víctima identificada en el proceso para garantizar su derecho a la participación y representación, asignando defensa provisional al Ministerio Público.
• Se levanta la reserva sobre el expediente remitido por la Fiscalía para integrar la información al trámite de la JEP.
• Se requiere al solicitante y su defensa para que cumplan con la obligación de responder y ampliar el aporte de verdad solicitado, advirtiendo que el incumplimiento puede afectar la concesión de beneficios.
• Se notifica la decisión a las partes, autoridades y representantes, y se habilitan los recursos de reposición y apelación frente a la concesión de amnistía de iure.

Con esta providencia, la JEP reafirma su compromiso con la justicia transicional y la búsqueda de verdad, reparación y no repetición, garantizando la participación activa de las víctimas y el cumplimiento riguroso de los procedimientos legales establecidos para el otorgamiento de beneficios transicionales. La decisión constituye un paso importante para la consolidación del proceso de paz y la reconciliación en Colombia.