Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en el marco de un proceso ejecutivo seguido contra un municipio. La providencia fue emitida en primera instancia y tiene por finalidad ordenar diligencias previas al libramiento del mandamiento de pago.

Sentido de la decisión

El auto dispone lo siguiente:

• Requerir a la parte actora para que aporte, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, la historia laboral y la acreditación de las cotizaciones realizadas al sistema de seguridad social en pensión durante el vínculo contractual con la entidad demandada.
• Requerir al municipio demandado para que informe, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, el valor de la dotación entregada a los empleados públicos del nivel territorial en los años 2011 a 2016.
• Una vez cumplidas estas cargas, remitir el expediente al contador de la Corporación para que realice la liquidación correspondiente, determinando los montos adeudados por la entidad demandada e incluyendo los intereses hasta la fecha previa a la entrega de la liquidación.

Razón principal de la decisión

La providencia se fundamenta en la necesidad de verificar y completar la información relacionada con las cotizaciones a seguridad social en pensión efectuadas durante el vínculo laboral, dado que en la revisión del expediente no se evidencian documentos que acrediten dichas cotizaciones ante la entidad demandada. Esta verificación es necesaria para determinar si existe alguna diferencia que deba ser asumida por el municipio como parte empleadora. Adicionalmente, se requiere información sobre el valor de la dotación para empleados públicos del municipio en los años indicados, con el fin de realizar una liquidación adecuada de las obligaciones. La decisión responde a la sentencia previa del Consejo de Estado que modificó aspectos del fallo original en relación con estos puntos.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso ejecutivo se originó por una reclamación contra un municipio relacionada con aportes al sistema de seguridad social y beneficios laborales. En sentencia previa de esta Corporación y posteriormente en revisión por el Consejo de Estado, se dispusieron precisiones sobre las obligaciones de las partes. Actualmente, el trámite se encuentra en la etapa previa al libramiento del mandamiento de pago, por lo que el Tribunal ordena estos requerimientos para que la liquidación de las sumas adeudadas sea completa y ajustada a la realidad contractual y administrativa.

Efectos jurídicos de la providencia

La providencia genera obligaciones concretas para las partes involucradas:

• La parte actora debe aportar documentación probatoria en un término perentorio, vinculándola procesalmente a la entrega de información requerida.
• El municipio demandado debe informar sobre valores específicos relacionados con la dotación para empleados públicos en un plazo establecido.
• Una vez cumplidas estas cargas, el expediente será remitido para la elaboración de la liquidación definitiva, lo que condiciona el trámite ulterior del mandamiento de pago.

Estas diligencias buscan garantizar que la ejecución judicial se base en una cuantificación precisa y actualizada de las obligaciones económicas que se reclaman en el proceso, asegurando así la transparencia y la legalidad en el cumplimiento de las responsabilidades por parte del municipio demandado. De este modo, se protege el derecho de la parte actora a recibir la compensación adecuada, conforme a la normatividad vigente y las condiciones efectivas del vínculo laboral.