Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en primera instancia, dentro de un proceso acumulado que tramita un medio de control de nulidad contra actos administrativos relacionados con el impuesto de alumbrado público de un municipio del departamento.

Sentido de la decisión

El Tribunal resolvió:

• Negar la solicitud de suspensión provisional de los artículos 221 y 223 del Acuerdo Municipal No. 006 de 2022, que fijan las tarifas del impuesto de alumbrado público.
• Ordenar la notificación del auto a las partes.

Razón principal de la decisión

La decisión se fundamenta en que la suspensión provisional —medida cautelar de naturaleza excepcional y temporal— requiere la concurrencia de un juicio preliminar que evidencie de manera clara y suficiente la violación de normas superiores por parte del acto administrativo demandado. El Tribunal determinó que:

• El precedente judicial invocado, emitido por el Consejo de Estado en un caso distinto, no establece una nulidad automática sobre todos los acuerdos municipales que contemplen esquemas tarifarios diferenciados.
• La solicitud de suspensión se basa en una sentencia que resolvió un caso concreto tras un análisis integral con valoración probatoria detallada, distinto al análisis sumario que caracteriza la etapa cautelar.
• No se acreditó con la prueba sumaria requerida que las disposiciones impugnadas reproducen materialmente las circunstancias jurídicas y fácticas que motivaron el precedente jurisprudencial.
• El posible perjuicio que implicaría la suspensión provisional del acto administrativo (en términos sociales, económicos, administrativos y contractuales) es superior al beneficio que se pretende obtener con la medida cautelar.
• La controversia sobre la legalidad del acto administrativo y la proporcionalidad de las tarifas requiere un análisis normativo y probatorio propio del fallo definitivo.

Por lo anterior, la medida cautelar no resulta idónea ni necesaria para proteger provisionalmente el ordenamiento jurídico ni garantizar el objeto del proceso en esta etapa.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

Se tramita un medio de control de nulidad contra el Acuerdo municipal que derogó un acuerdo previo y fijó nuevas tarifas para el impuesto de alumbrado público, estableciendo un esquema tarifario basado en porcentajes sobre el consumo de energía, pero con tarifas mínimas fijadas en unidades de valor tributario (UVT) y criterios asociados a actividades económicas específicas. La solicitud de suspensión provisional se fundamentó en una sentencia reciente del Consejo de Estado que puntualizó la necesidad de que las tarifas guarden relación directa y proporcionalidad con el hecho generador del impuesto, en este caso, el consumo de energía para el servicio de alumbrado público. El demandante alegó que el Acuerdo impugnado violaría el principio de consecutividad previsto en la Ley 1819 de 2016 y que la suspensión es necesaria para evitar que continúen produciéndose efectos tributarios ilegales y para garantizar la efectividad de una eventual sentencia favorable.

Efectos jurídicos de la providencia

La decisión niega la suspensión provisional solicitada, por lo que las disposiciones cuestionadas continúan vigentes y produciendo efectos jurídicos mientras se tramita el proceso principal. El auto vincula a las partes procesales y ordena su notificación para que tengan conocimiento de esta decisión cautelar, preservando el principio de no prejuzgamiento sobre el fondo del asunto.

Consideraciones procesales y normativas

El Tribunal aplicó el régimen de medidas cautelares previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), especialmente los artículos 229, 230 y 231, que regulan la procedencia, contenido y requisitos para decretar la suspensión provisional de actos administrativos. Asimismo, se atendió a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la evaluación preliminar que debe realizar el juez para determinar si existe una violación ostensible del ordenamiento jurídico y si la medida cautelar es proporcional, considerando el equilibrio entre el interés público y los posibles perjuicios. El Tribunal reiteró que la suspensión provisional es una medida excepcional que no debe afectar desproporcionadamente el interés público ni anticipar conclusiones propias del fallo definitivo, reservando para la sentencia la decisión sobre la legalidad del acto administrativo cuestionado. --- Esta providencia reafirma la necesidad de cumplir con los requisitos legales y jurisprudenciales para la adopción de medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa, asegurando un equilibrio entre la protección provisional del ordenamiento jurídico y la garantía del debido proceso.