Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda en primera instancia, dentro del trámite de un medio de control de controversias contractuales.

Sentido de la decisión

El tribunal resolvió:

• Declarar la falta de competencia funcional por el factor cuantía para conocer la demanda interpuesta.
• Remitir el expediente a la Oficina Judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para su reparto entre los juzgados administrativos del circuito.

Razón principal de la decisión

La competencia para conocer controversias contractuales está distribuida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) según la cuantía. El tribunal señaló que la cuantía estimada en la demanda asciende a $255.095.328, monto inferior al mínimo de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, establecido para que los tribunales administrativos tengan competencia. Por esta razón, corresponde que el asunto sea conocido por los juzgados administrativos.

Antecedentes fácticos y procesales

Una entidad administrativa demandó al municipio alegando incumplimiento de varias obligaciones contractuales establecidas en un convenio suscrito en 2015, así como la desatención de requerimientos relacionados con la documentación para la liquidación del contrato. Se solicitó la condena al pago de una cláusula penal y la orden de liquidación judicial del convenio. Inicialmente, la demanda fue inadmitida para que se corrigiera la estimación de la cuantía, requisito previsto en la ley. Posteriormente, la parte actora presentó la subsanación correspondiente, indicando que la cuantía reclamaba un valor específico equivalente al 10% del valor del convenio por concepto de cláusula penal. Tras revisar la subsanación, el tribunal determinó que la cuantía estimada no alcanza el umbral que le confiere competencia funcional para conocer el asunto.

Efectos jurídicos

El auto genera los siguientes efectos:

• Obliga a remitir el proceso a un juez administrativo competente, garantizando el derecho al juez natural y a la doble instancia.
• Impide que el tribunal continúe conociendo del medio de control de controversias contractuales en este caso específico.

En conclusión, la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda asegura que la demanda sea tramitada en la instancia judicial adecuada conforme a la cuantía establecida por la ley, respetando los principios de competencia y debido proceso. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE