Naturaleza de la providencia y contexto procesal

La providencia corresponde a un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. El proceso involucra a varias entidades públicas y particulares, y se encuentra en etapa de integración de la litis y saneamiento procesal, previa a la continuación del trámite.

Sentido de la decisión

• Ejercer control de legalidad para subsanar irregularidades en notificaciones y en la integración del proceso.
• Reconocer personería para actuar en el proceso a los apoderados judiciales de la Policía Nacional, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y el Municipio de Floridablanca, incluyendo aceptación y revocación de poderes conforme a las sustituciones presentadas.
• Tener por notificados por conducta concluyente a dichas entidades del auto admisorio de la demanda y demás providencias dictadas.
• Ordenar notificación personal del auto admisorio de la demanda a la Dirección de Tránsito de Floridablanca y a la persona demandada identificada en el proceso, en la dirección indicada en la demanda.
• Requerir al Municipio de Floridablanca para que, en un término de cinco días hábiles, informe sobre la matrícula inmobiliaria, propiedad, administración y direcciones para notificaciones del inmueble denominado “La Fortaleza de Sión”, ubicado en la vereda La Cidra del municipio.
• Requerir al Municipio de Floridablanca para que dentro del mismo término designe apoderado judicial para la representación en el proceso.
• Establecer que todas las comunicaciones procesales deben realizarse exclusivamente a través de la ventanilla virtual del aplicativo SAMAI, conforme a las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

Razón principal de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en la necesidad de ejercer control de legalidad para corregir irregularidades en las notificaciones personales del auto admisorio de la demanda a la parte pasiva del proceso. Aunque algunas entidades públicas comparecieron mediante apoderados judiciales y dieron contestación a la demanda, no se había surtido debidamente la notificación personal a la totalidad de demandados, especialmente particulares y la Dirección de Tránsito. Al reconocer personería a los apoderados judiciales y ordenar las notificaciones pendientes, el tribunal busca garantizar la debida integración del contradictorio y la validez de las actuaciones procesales futuras.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La demanda fue admitida en septiembre de 2022 contra varias entidades públicas y particulares. Se presentó controversia sobre el despacho competente para conocer del proceso, resolviéndose finalmente la competencia. La notificación personal del auto admisorio no se había realizado a todos los demandados, aunque entidades como la Policía Nacional, la CDMB y el Municipio de Floridablanca comparecieron mediante apoderados y contestaron la demanda. Se ordenó la notificación personal a particulares y entidades que no habían sido notificadas formalmente. Además, se constató la necesidad de identificar correctamente el inmueble objeto del proceso para efectos de notificación y actuación en el litigio.

Efectos jurídicos de la providencia

La providencia vincula a las entidades públicas demandadas y a los particulares señalados, reconociendo la representación judicial de sus apoderados y estableciendo la obligación de cumplir con las notificaciones personales ordenadas. Además, impone al Municipio de Floridablanca la obligación de suministrar información precisa sobre el inmueble en cuestión y designar apoderado judicial en el proceso. La exclusividad del uso del aplicativo SAMAI para la radicación de escritos procesales genera una obligación formal para las partes y sus representantes.

Conclusión

Este auto del Tribunal Administrativo de Santander tiene como objetivo principal sanear el proceso mediante el control de legalidad, el reconocimiento formal de personería y la ordenación de notificaciones personales, buscando asegurar la correcta integración del proceso y la validez de las actuaciones futuras. De esta manera, se fortalece la garantía de los derechos colectivos y se asegura el cumplimiento de los principios procesales que rigen este tipo de procesos, promoviendo una administración de justicia eficiente y transparente.