Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia objeto de análisis es un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Santander en el trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sentido de la decisión

• Se declaró fundado el impedimento manifestado por la magistrada para conocer del asunto.
• Se ordenó que la magistrada apartada se abstenga de conocer el fondo del proceso.
• Se dispuso continuar con el trámite del proceso con los demás magistrados.

Razón principal de la decisión

La magistrada manifestó impedimento con fundamento en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, que establece la causal de impedimento cuando un servidor público en nivel directivo, asesor o ejecutivo, vinculado a una de las partes en el proceso, sea cónyuge, compañero permanente o pariente hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil del juez o magistrado. En este caso, se constató que la magistrada tiene un vínculo familiar de segundo grado de afinidad con una persona que ocupa un cargo de asesora en el despacho del alcalde del municipio demandado, lo que configura la causal de impedimento legal.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue instaurado contra el municipio demandado. Durante el trámite, la magistrada manifestó impedimento para conocer del asunto en virtud del vínculo familiar mencionado. La Sala procedió a analizar la causal invocada y a verificar la existencia del nexo familiar y el cargo público de la persona vinculada al municipio.

Efectos jurídicos de la decisión

La aceptación del impedimento implica que la magistrada apartada no podrá intervenir en el conocimiento ni en la decisión del fondo del proceso. La Sala continuará con la tramitación del asunto con los demás magistrados, garantizando la imparcialidad en la administración de justicia. Además, la providencia genera la obligación de notificar la decisión y proceder conforme a lo ordenado en el auto, asegurando así la transparencia y el respeto de los derechos procesales de las partes involucradas. Esta medida contribuye a fortalecer la confianza en el sistema judicial y a prevenir posibles conflictos de interés que puedan afectar la legitimidad de las decisiones administrativas.