Naturaleza de la providencia y instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, emitió un auto mediante el cual resolvió la competencia para conocer una acción popular originada en un proceso remitido por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura. La acción buscaba la protección de derechos e intereses colectivos relacionados con la prestación del servicio público de aseo.

Sentido de la decisión

• Declara la falta de competencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para conocer en primera instancia la acción popular.
• Remite el expediente al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Buenaventura para que continúe con el trámite correspondiente.

Razón principal de la decisión

La decisión se sustenta en que, aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue incluida como demandada, la demanda no formuló una pretensión autónoma, concreta y sustancial en contra de dicha entidad. La vinculación de esta entidad nacional fue considerada accesoria o instrumental, sin que se evidenciara una conducta específica atribuible a la misma que constituyera la fuente directa de la amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados. Por tanto, conforme a las normas de competencia previstas en la Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde que el conocimiento en primera instancia recaiga en el juez administrativo local, no en el tribunal.

Antecedentes relevantes

Una entidad distrital presentó acción popular contra el Distrito Especial, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y una empresa prestadora del servicio público de aseo. La demanda cuestiona el procedimiento de selección de socios estratégicos para la empresa prestadora, la constitución de esta como S.A.S. E.S.P., la adjudicación realizada por el Distrito y las presuntas deficiencias en la prestación del servicio. Se solicitaron medidas como la protección de derechos colectivos, la declaratoria de ineficacia del proceso de selección y adjudicación, la suspensión temporal de la facturación y otras medidas de protección. El juzgado de primera instancia inicialmente asignado se declaró incompetente y remitió el proceso al tribunal, al considerar que la inclusión de una autoridad nacional entre los demandados atraía su competencia.

Efectos jurídicos de la decisión

• El auto determina que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no conoce en primera instancia la acción popular en cuestión.
• El expediente es remitido al juzgado administrativo de primera instancia territorialmente competente para continuar con el trámite.
• Se mantienen las partes demandadas y las pretensiones formuladas, sin prejuzgamiento sobre la responsabilidad o fondo del asunto.

En conclusión, esta providencia clarifica la competencia para conocer la acción popular presentada, reafirmando el principio de competencia territorial y material previsto en la normativa colombiana. Así, se garantiza que el proceso continúe en la instancia y jurisdicción adecuada para su correcta tramitación y eventual decisión, asegurando la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos en juego.