Naturaleza de la providencia y tribunal

Se trata de un auto emitido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, en instancia de ejecución, que resuelve sobre la orden de pago de un depósito judicial relacionado con un proceso ejecutivo promovido contra un municipio.

Sentido de la decisión

• Ordena: el pago del depósito judicial número 457030000995309, por valor de treinta y un millones cuarenta y siete mil doscientos noventa pesos ($31.047.290), mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada por el apoderado de la parte demandante.
• Dispone: la utilización de los medios correspondientes para la efectividad de la transacción, conforme a la normatividad vigente del Consejo Superior de la Judicatura y disposiciones legales aplicables.

Razón principal de la decisión

La providencia se fundamenta en la constatación de que la solicitud de pago cumple con los requisitos legales y reglamentarios establecidos para la disposición de depósitos judiciales, incluyendo la verificación de la facultad del apoderado para recibir los fondos. Asimismo, se tuvieron en cuenta las normas del Consejo Superior de la Judicatura que regulan el manejo y pago de depósitos judiciales a través de plataformas electrónicas.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

El proceso ejecutivo surge de una sentencia ejecutoriada que condenó al municipio a pagar prestaciones laborales y beneficios derivados de una relación laboral declarada como existente frente a un contratista que prestó servicios en varios períodos. La condena incluyó el pago de salarios, aportes a seguridad social, dotaciones y reajustes conforme al índice de precios al consumidor. Posteriormente, se libró mandamiento de pago por una suma capital y sus intereses moratorios, sin que la entidad ejecutada cumpliera con el pago. En consecuencia, el tribunal ordenó continuar con la ejecución y modificó la liquidación del crédito. Se constituyó un depósito judicial por el monto adeudado y el apoderado de la parte demandante solicitó la autorización para disponer de dichos recursos mediante abono a cuenta bancaria.

Efectos jurídicos de la decisión

La orden de pago vincula al tribunal y a la entidad encargada de la administración del depósito judicial, que deberá realizar la transferencia electrónica conforme a lo dispuesto. El pago efectuado se considera un abono parcial a la obligación ejecutada, manteniéndose vigente el cobro del saldo insoluto dentro del proceso ejecutivo. La providencia garantiza la correcta administración y entrega de los fondos conforme a las normas procesales y administrativas aplicables.

Normatividad aplicable citada

• Artículo 77 del Código General del Proceso, relativo a la orden de pago a beneficiarios o apoderados.
• Acuerdo PCSJA21-11731 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura, que regula el manejo y pago de depósitos judiciales mediante plataforma electrónica.
• Circular PCSJC20-17 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
• Ley 1743 de 2014 y Decreto Reglamentario 272 de 2015, sobre administración de recursos en procesos judiciales.

Conclusión

Con esta decisión, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda reafirma su compromiso con la correcta ejecución de sentencias y la administración transparente de los recursos judiciales, garantizando que los derechos reconocidos en sentencia sean efectivamente cumplidos. La orden de pago del depósito judicial representa un paso fundamental para la satisfacción parcial de la obligación del municipio demandado, asegurando que el proceso ejecutivo avance conforme a los principios legales y de eficiencia procesal.