Naturaleza de la providencia y competencia
La Sala Cuarta de Decisión del Consejo de Estado conoció en segunda instancia un recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Sincelejo, mediante el cual se rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. El rechazo se basó en la falta de un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial.
Sentido de la decisión
- Se confirma el auto que rechazó la demanda por considerar que el acto administrativo cuestionado no es susceptible de control judicial autónomo.
- Se determina que la resolución que autorizó el traslado interinstitucional es un acto preparatorio, cuyo efecto final depende de la autorización de la entidad receptora.
- Se ordena devolver el expediente al juzgado de origen para lo pertinente.
Razón principal de la decisión
El tribunal sostuvo que para que un acto administrativo sea susceptible de control judicial autónomo debe ser definitivo, es decir, debe decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, poner fin a la actuación administrativa o hacer imposible su continuación. En el caso concreto, la resolución que autorizó el traslado interinstitucional emitida por la entidad de origen constituye una manifestación favorable, pero no definitiva, pues la incorporación del servidor depende de la autorización expresa y motivada de la entidad de destino, que tiene la competencia para examinar requisitos y necesidades del servicio. Por tanto, la resolución no creó una situación jurídica definitiva ni generó efectos jurídicos exigibles por sí sola.
Antecedentes procesales y fácticos relevantes
El proceso se originó con la demanda presentada por una entidad de deportes contra otra entidad departamental de deportes, en relación con la autorización para el traslado interinstitucional de un servidor público. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda por falta de acto administrativo definitivo, calificando la resolución cuestionada como un acto preparatorio que no agotó la actuación administrativa. La parte demandante apeló esta decisión.
En el trámite administrativo previo, el servidor solicitó traslado a la entidad demandante, la cual inicialmente negó la solicitud. Posteriormente, un juzgado de tutela ordenó cumplir una secuencia de actuaciones que incluía obtener la autorización de la entidad de origen y luego un pronunciamiento motivado de la entidad de destino. La entidad de origen emitió la resolución que autorizó el traslado, pero la entidad de destino emitió posteriormente una resolución que negó el traslado, lo que puso fin al procedimiento.
Efectos jurídicos de la decisión
La decisión del Consejo de Estado confirma que la resolución que autorizó el traslado interinstitucional no genera por sí sola efectos jurídicos definitivos ni obliga a la entidad receptora a incorporar al servidor. Por consiguiente, la demanda que pretendía la nulidad y el restablecimiento del derecho frente a ese acto administrativo es improcedente. La providencia vincula a las partes y ordena que el expediente retorne al juzgado de origen para el cumplimiento de lo resuelto.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
