Naturaleza de la providencia, tribunal e instancia
La providencia es un
auto interlocutorio de primera instancia proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01.
Sentido de la decisión
El tribunal resolvió:
- Declarar la incompetencia para conocer el proceso en primera instancia.
- Ordenar la remisión del expediente a los juzgados administrativos del circuito de Santa Marta para que continúen con el trámite.
- Registrar el canal digital de notificación para la parte demandante.
Razón principal de la decisión
El tribunal fundamentó su decisión en la interpretación conjunta de los artículos 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011, modificados por la Ley 2080 de 2021. En particular, determinó que el acto impugnado, expedido por el Concejo Municipal, tiene carácter presupuestal y no tributario, ya que autoriza modificaciones al presupuesto municipal sin crear, modificar o administrar impuestos, tasas o contribuciones. Por lo tanto, la competencia para conocer la nulidad corresponde a los juzgados administrativos del circuito y no al tribunal administrativo.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
El personero municipal presentó demanda de nulidad contra un acuerdo municipal que autorizaba al alcalde para realizar adiciones, traslados, creación y supresión de rubros en el presupuesto de la vigencia fiscal 2026. Se solicitó la nulidad del acuerdo, la suspensión provisional de sus efectos y el cese de los efectos jurídicos derivados de su aplicación. El trámite del proceso inició en el Tribunal Administrativo del Magdalena, donde se radicó la demanda.
Efectos jurídicos de la providencia
La providencia genera los siguientes efectos:
- La remisión del expediente a la autoridad judicial competente, es decir, a los juzgados administrativos del circuito de Santa Marta.
- La continuidad del proceso en esa instancia, respetando la presentación inicial efectuada ante el tribunal.
- La notificación a la parte demandante mediante el canal digital registrado.
La decisión garantiza que el proceso se lleve a cabo en la instancia adecuada, respetando los principios de competencia y legalidad, asegurando así una correcta administración de justicia en materia administrativa.
