Naturaleza de la providencia y contexto procesal
La providencia es un
auto interlocutorio proferido por el Tribunal Administrativo del Meta en el marco de un proceso de controversia contractual en primera instancia. El litigio enfrenta a una entidad hospitalaria pública con un patrimonio autónomo liquidado administrado por una fiduciaria, en relación con la ejecución y liquidación de un contrato interadministrativo suscrito en 2010.
Sentido de la decisión
La decisión del tribunal dispone las siguientes órdenes:
- Incorporar al expediente los documentos aportados por la entidad demandada mediante oficio del 1 de julio de 2026 y ponerlos en conocimiento de las partes para que se pronuncien en un término de tres días.
- Requerir a la entidad demandada para que, en un término de veinte días, aporte o certifique la inexistencia de ciertos comprobantes de registro presupuestal (CRP) no allegados y relacionados en la demanda.
- Requerir a la entidad demandada para que remita el expediente administrativo del contrato interadministrativo suscrito el 14 de abril de 2010 o certifique su inexistencia, en un término de veinte días.
- Advertir a la entidad demandada que en caso de incumplimiento de estas obligaciones se impondrá multa hasta por diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al funcionario responsable, conforme a lo previsto en la normatividad procesal.
- Designar a un auxiliar de la justicia, seleccionado a partir del listado del Consejo Superior de la Judicatura, para que elabore el dictamen pericial decretado en audiencia inicial, relacionado con la facturación, ingresos, pagos, costos y gastos del contrato en cuestión.
- Ordenar a la Secretaría del tribunal que incorpore en el sistema electrónico SAMAI los documentos anexos a la demanda que no se encuentran digitalizados.
- Informar que para todos los fines procesales la correspondencia deberá remitirse a través de la Ventanilla Virtual de la plataforma SAMAI.
Razón principal que sustenta la decisión
El tribunal fundamenta su decisión en el cumplimiento de las cargas procesales para el adecuado desarrollo del proceso, en particular la obligación de la parte demandada de allegar los documentos requeridos para la valoración de las pruebas. Asimismo, se considera necesaria la designación de un perito externo ante la imposibilidad manifiesta de la Universidad Nacional para proveer peritos, garantizando así la realización del dictamen pericial ordenado previamente.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
La controversia contractual se centra en la ejecución del contrato interadministrativo celebrado en 2010. La parte demandante solicitó la aportación de múltiples comprobantes de registro presupuestal como prueba documental, la cual fue parcialmente presentada por la parte demandada en diferentes momentos procesales. Sin embargo, algunos documentos no fueron aportados ni se informó sobre su inexistencia.
En la audiencia inicial, se decretó la práctica de una prueba pericial para analizar aspectos contables relacionados con el contrato. La Universidad Nacional fue inicialmente solicitada para designar un perito, pero comunicó su imposibilidad para hacerlo debido a la carga académica de sus docentes.
Efectos jurídicos de la providencia
La providencia obliga a la parte demandada a cumplir con la entrega de documentación pendiente o a certificar su inexistencia en los términos establecidos, bajo apercibimiento de multa. Asimismo, vincula al perito designado como auxiliar de la justicia para que rinda el dictamen pericial requerido, sujetándose a los términos y requisitos señalados por el tribunal. La decisión también afecta el desarrollo del proceso al ordenar la incorporación electrónica de documentos y establecer el uso obligatorio de la plataforma virtual para la correspondencia procesal.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo del Meta busca garantizar la transparencia y el debido proceso en la resolución del litigio, asegurando que todas las pruebas relevantes sean aportadas y valoradas correctamente, y que el dictamen pericial cuente con la imparcialidad y profesionalismo requeridos para esclarecer los hechos controvertidos. De este modo, se fortalece la confianza en la administración de justicia y se promueve la correcta ejecución de los contratos públicos.
