Entidad emisora, número de norma, tipo de acto y fecha
La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) expidió la Resolución número 2202 de 2026, el 4 de septiembre de 2026, publicada en el Diario Oficial No. 53.637 el 24 de septiembre de 2026.
Objeto de la norma
La resolución ordena el inicio del proceso de revisión y actualización de la reglamentación del uso de las aguas, así como la reglamentación de vertimientos para el río Roble y sus tributarios priorizados, específicamente la quebrada Portachuelo y la quebrada Cajones.
Cambios normativos concretos
- Se inicia formalmente el proceso para revisar y actualizar la reglamentación del uso de aguas y la reglamentación de vertimientos en el área hidrográfica del río Roble y sus tributarios priorizados.
- Se determina que los permisos de vertimiento y concesiones de agua otorgados previamente o durante el proceso deben ser revisados a la luz de los resultados de esta revisión.
- Se establecen las disposiciones para la publicidad del acto administrativo y del proceso de visitas técnicas y estudios relacionados.
- Se ordena la realización de visitas técnicas oculares y estudios para sustentar la revisión y actualización de la reglamentación.
- Se establece la comunicación interinstitucional con las alcaldías de los municipios involucrados para la articulación necesaria.
Obligaciones creadas
- La CRQ debe llevar a cabo las publicaciones oficiales para dar a conocer la resolución y el proceso, incluyendo:
- Publicación en página web institucional.
- Publicación en el Diario Oficial.
- Fijación de copias de la resolución y relación de visitas en lugares públicos de la autoridad ambiental y alcaldías o inspecciones de policía de los municipios afectados.
- Publicación de avisos en periódico de mayor circulación en la región y emisoras locales sobre fechas y lugares de las visitas técnicas oculares.
- La autoridad ambiental competente debe revisar los permisos de vertimiento y concesiones de agua otorgados con anterioridad o durante el proceso, con base en los resultados obtenidos.
- Realización de visitas técnicas oculares y estudios técnicos que abarquen aspectos hidrológicos, ambientales, sociales y legales para fundamentar la reglamentación.
- Las alcaldías de Filandia, Circasia, Montenegro y Quimbaya deben articularse con la CRQ para apoyar el proceso.
Ámbito de aplicación
El proceso y la futura reglamentación aplican en el ámbito regional, específicamente en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Afecta a los municipios de Filandia, Quimbaya, Circasia y Montenegro, sobre el río Roble y sus tributarios priorizados: quebrada Portachuelo y quebrada Cajones.
Excepciones o exclusiones
No se identifican excepciones o exclusiones expresas en la resolución.
Base legal
La expedición de la resolución se fundamenta en la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 1076 de 2015, y demás normatividad ambiental y administrativa aplicable al ordenamiento ambiental del territorio y gestión del recurso hídrico.
Vigencia y régimen de transición
La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. Se establece un régimen de transición en el cual los permisos de vertimientos y concesiones de agua vigentes deberán ser revisados durante el proceso de reglamentación, sin que se suspendan automáticamente.
Mecanismos de participación y publicidad
Se establecen mecanismos de información y participación dirigidos a los usuarios, comunidades y demás interesados, conforme a los principios de publicidad, transparencia y debido proceso previstos en la Ley 1437 de 2011 y la Ley 99 de 1993. Esto incluye la publicación previa de avisos y la realización de visitas técnicas oculares con participación ciudadana.
Conclusiones
La Resolución 2202 de 2026 dispone el inicio formal del proceso técnico-administrativo para la actualización de la reglamentación sobre uso del agua y vertimientos en el río Roble y sus tributarios priorizados. Establece las obligaciones de la autoridad ambiental para la gestión del proceso, los mecanismos de publicidad y participación, y la revisión de permisos vigentes. La norma aplica en el ámbito regional y se fundamenta en la legislación ambiental y administrativa vigente, buscando garantizar un manejo sostenible y responsable de los recursos hídricos en esta importante cuenca del Quindío.
