Naturaleza de la providencia y contexto procesal
El Consejo de Estado profirió un auto en segunda instancia, para resolver el recurso de apelación interpuesto contra una decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. El tribunal de primera instancia había negado el decreto de pruebas pericial y testimonial solicitadas por la parte demandante en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho relacionado con actos administrativos derivados de un cobro coactivo.
Sentido de la decisión
- Se confirma la negativa del Tribunal Administrativo de Antioquia a decretar el dictamen pericial solicitado por la parte demandante.
- Se confirma la negativa a decretar los testimonios técnicos de auditores médicos solicitados por la demandante.
- Se ordena la devolución del expediente al tribunal de origen para continuar con el trámite correspondiente.
Razón principal de la decisión
La Sala consideró que las pruebas pericial y testimonial solicitadas no son conducentes ni útiles para demostrar los hechos materia del proceso. En particular, el dictamen pericial pretendía realizar un análisis jurídico y de contraste de normatividad, función que corresponde al juez y no al perito. Por otro lado, las pruebas testimoniales técnicas solicitadas no tienen relación directa con los hechos a probar, pues quienes fueron llamados a declarar no participaron en las auditorías ni en el trámite de las reclamaciones, objeciones o glosas. Además, el tipo de prueba solicitado se configuró como un peritaje encubierto, lo que no es procedente.
El tribunal también sostuvo que el litigio se centra en la legalidad de actos administrativos que liquidaron un crédito y resolvieron objeciones en un proceso de cobro coactivo por servicios médicos relacionados con pólizas de SOAT. Para ello, ya existen elementos probatorios documentales suficientes, como resoluciones, mandamientos de pago, escritos de excepciones y actuaciones administrativas que reflejan el desarrollo del trámite y las decisiones sobre las reclamaciones y objeciones.
Por tanto, la valoración de las glosas, objeciones y demás cuestionamientos corresponde al juez a partir del análisis jurídico de los documentos aportados y la legislación aplicable, sin requerir la intervención de prueba pericial o testimonial para estos fines.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
La demandante inició un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra varios actos administrativos relacionados con la liquidación y cobro de un crédito en un proceso coactivo. Se cuestionaron, entre otros, la conformación del título ejecutivo, la procedencia de las facturas y la validez de las glosas y objeciones presentadas.
En audiencia inicial, el tribunal negó el decreto de pruebas solicitadas porque no se presentaron en tiempo y forma y porque las pruebas solicitadas no cumplían con los requisitos de pertinencia, utilidad y conducencia según la naturaleza de los hechos a probar.
Posteriormente, la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha decisión, argumentando que la prueba pericial era necesaria para valorar aspectos médicos especializados y que los testimonios técnicos aportaban conocimiento sobre el procedimiento administrativo.
El tribunal de origen confirmó su decisión y el Consejo de Estado, en apelación, ratificó dicha confirmación en los términos ya expuestos.
Efectos jurídicos de la decisión
La providencia confirma la negativa a decretar las pruebas solicitadas, por lo que la parte demandante deberá continuar con el proceso sin contar con dichas pruebas en el acervo probatorio.
El expediente retorna al tribunal administrativo de origen para que prosiga con el trámite conforme a las disposiciones legales aplicables y con las pruebas documentales ya incorporadas.
Notifíquese y cúmplase conforme a derecho.
