Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia es un auto dictado por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de unificación jurisprudencial y revisión de recurso de apelación contra sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico en un proceso de reparación directa.
Sentido de la decisión
El auto resolvió lo siguiente:
- Conceder a los demandantes un término de diez (10) días para que manifiesten las razones jurídicas y fácticas que determinaron el momento de presentación de la demanda, indicando si existieron barreras materiales que les impidieron acudir oportunamente a la jurisdicción contencioso administrativa.
- Decretar pruebas de oficio solicitando diversa documentación e informes a entidades como la Sala de Justicia y Paz, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el fin de esclarecer el conocimiento de los demandantes sobre la participación del Estado en los hechos y las acciones emprendidas para obtener reparación.
- Ordenar que una vez allegadas las pruebas, se otorgue traslado conjunto a las partes para que se pronuncien en tres (3) días.
Razón principal de la decisión
La Subsección consideró necesario esclarecer si la acción de reparación directa fue presentada extemporáneamente y si existieron circunstancias que impedían a los demandantes acceder oportunamente a la jurisdicción, en atención a la jurisprudencia vinculante sobre el cómputo del término para demandar en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. La providencia busca esclarecer el momento en que los demandantes tuvieron conocimiento suficiente para imputar responsabilidad al Estado y las barreras que pudieron existir para ejercer la acción.
Antecedentes fácticos y procesales
Los demandantes presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de una persona ocurrida en 2005, atribuida a miembros de un grupo armado ilegal, alegando omisión en el deber de protección por parte del Estado. La demanda fue interpuesta en 2015. En primera instancia, el tribunal declaró la extemporaneidad de la acción sustentado en que el conocimiento para imputar responsabilidad estatal se habría dado en 2007 con la versión libre de un procesado, desde cuando se inició el cómputo del término para demandar. Los demandantes apelaron, argumentando desconocimiento inicial de los autores y la consideración del homicidio como crimen de lesa humanidad, por lo que alegaron la inaplicabilidad de la caducidad.
Efectos jurídicos de la providencia
La providencia vincula a las partes y a las entidades requeridas para que aporten la información y documentación solicitada en los plazos establecidos. También obliga a los demandantes a justificar el momento de interposición de la demanda y las posibles barreras que afectaron su acceso a la justicia. El cumplimiento de estas órdenes permitirá al tribunal resolver con certeza sobre la caducidad o no de la acción de reparación directa y avanzar en el trámite del proceso.
Órdenes específicas dispuestas
- Traslado a los demandantes para que expliquen en detalle y con soporte documental el momento y razones para ejercer la acción judicial y las posibles barreras que enfrentaron.
- Oficio al Tribunal Superior de Justicia y Paz para remitir documentos relacionados con el reconocimiento de la calidad de víctima en proceso penal correspondiente.
- Requerimiento a la misma Sala de Justicia y Paz para informar sobre el estado de incidentes de reparación integral vinculados al caso.
- Oficio a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que entregue soportes y anexe informes sobre el registro y eventuales indemnizaciones administrativas.
- Requerimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para que remita documentos de solicitudes y responda sobre indemnizaciones administrativas otorgadas a los demandantes como víctimas.
- Oficio al Centro Nacional de Memoria Histórica para que aporte informes sobre las dinámicas del conflicto armado en la región y la información relativa al homicidio objeto de la demanda.
- Traslado conjunto a las partes para que se pronuncien sobre las pruebas allegadas.
Con estas medidas, el Consejo de Estado busca garantizar un análisis profundo y justo sobre la procedencia de la acción de reparación directa, teniendo en cuenta las particularidades del caso y las condiciones que pudieron afectar el acceso efectivo a la justicia por parte de los demandantes. El proceso continuará con el estudio de las pruebas y argumentos presentados para emitir una decisión definitiva sobre la caducidad y el fondo del asunto.
