Naturaleza de la providencia y competencia del tribunal
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, resolvió un conflicto positivo de competencias administrativas entre la Defensoría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Centro Zonal de Puerto Carreño (Vichada), y las autoridades del Resguardo Indígena Sáliba de Santa Rosalía, departamento de Vichada.
Sentido de la decisión
La Sala resolvió:
- Declarar competente a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Puerto Carreño (Vichada) para continuar con el proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) en favor de la menor indígena.
- Remitir el expediente a dicha Defensoría para lo de su competencia.
- Exhortar a la Defensoría para que reanude con celeridad la tramitación del PARD, adoptando las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los derechos de la menor, aplicando un enfoque diferencial étnico y de género, y coordinando con las autoridades indígenas sin revictimización.
- Exhortar a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres para que realice el acompañamiento y vigilancia correspondiente.
Razón principal de la decisión
La Sala fundamentó su decisión en los siguientes puntos clave:
- El artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los demás, obligando al Estado a garantizar su protección integral y restablecimiento efectivo.
- El proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) en cuestión busca garantizar derechos fundamentales de la menor presuntamente vulnerados por hechos de violencia sexual.
- La jurisdicción especial indígena, regulada por el artículo 246 constitucional, tiene autonomía para administrar justicia en sus territorios, pero su ejercicio debe estar sujeto a la Constitución, la ley y respetar los derechos fundamentales, especialmente en casos que involucren menores de edad.
- El informe antropológico y jurídico del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) evidenció que el Resguardo Indígena Sáliba de Santa Rosalía no cuenta con un procedimiento escrito, específico y diferenciado que garantice la protección, participación, atención psicosocial y prevención de revictimización de menores víctimas de violencia sexual.
- Existe un riesgo de impunidad y falta de garantías en la jurisdicción indígena para asegurar el restablecimiento efectivo de los derechos de la menor, agravado por la condición del presunto agresor como autoridad indígena dentro de la misma comunidad.
- La Defensoría de Familia del ICBF cuenta con la estructura legal, institucional y procedimental prevista en la Ley 1098 de 2006 y demás normas aplicables para garantizar el restablecimiento de derechos con enfoque diferencial de género y étnico, y bajo el interés superior de la niña.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
El 17 de febrero de 2026, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Puerto Carreño recibió una denuncia anónima sobre presuntos hechos de abuso sexual contra una menor indígena perteneciente al Resguardo Sáliba de Santa Rosalía. Se ordenó la verificación de garantías de derechos y se dispusieron medidas de protección, incluyendo la ubicación de la menor en hogar sustituto y la interposición de denuncia penal.
Posteriormente, las autoridades indígenas del resguardo reclamaron la competencia para conocer el proceso administrativo, solicitando el reintegro de la menor a su núcleo familiar y la entrega de la información a la justicia indígena, argumentando el desconocimiento de su jurisdicción por parte de la Defensoría de Familia.
Ante la reclamación sucesiva de competencia, la Defensoría de Familia planteó conflicto positivo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Durante el trámite, se recabaron informes y conceptos de entidades como el ICANH, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. La mayoría de las autoridades indígenas implicadas guardaron silencio o aportaron información limitada.
Efectos jurídicos de la providencia
La decisión vincula a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Puerto Carreño para continuar con la tramitación del PARD, definir la situación jurídica de la menor y realizar el seguimiento de las medidas de restablecimiento de derechos que se adopten.
Asimismo, exhorta a la Defensoría a actuar con prontitud, aplicando enfoques diferenciales de género y étnico, y a coordinarse con las autoridades indígenas del Resguardo sin que dicha coordinación implique revictimización.
Finalmente, se exhorta a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres a realizar el seguimiento correspondiente.
Conclusión
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió que la competencia para continuar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor indígena corresponde a la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Puerto Carreño (Vichada), dada la prevalencia de los derechos fundamentales de la niña y la falta de procedimientos adecuados en la jurisdicción especial indígena para garantizar su protección integral.
