Naturaleza de la providencia y tribunal

El auto inadmisorio fue proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, en un proceso de primera instancia bajo el medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 del CPACA.

Sentido de la decisión

La providencia resuelve lo siguiente:

• INADMITE la demanda presentada contra la Circular 001 del 16 de enero de 2026, emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
• CONCEDE un plazo de diez (10) días para que la parte demandante subsane los defectos señalados en la providencia, especialmente el incumplimiento del requisito de envío simultáneo de la demanda a la entidad demandada, so pena de rechazo definitivo de la demanda.

Razón principal de la decisión

La inadmisión se fundamenta en el incumplimiento del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, que establece la obligación del demandante de enviar simultáneamente por medio electrónico copia de la demanda y sus anexos a la parte demandada al momento de presentar la demanda, salvo en casos excepcionales que no aplican al presente proceso. El tribunal sostiene que la solicitud de medida cautelar de urgencia (suspensión provisional de la Circular) presentada con la demanda no constituye una medida cautelar previa que exima del cumplimiento de dicho requisito. La jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha sido clara en exigir el cumplimiento de este mandato procesal, incluso cuando se solicita la medida cautelar de suspensión provisional. Además, el auto cita sentencias y autos previos que diferencian entre medidas cautelares previas y medidas de urgencia, precisando que en el proceso contencioso administrativo no existe figura de medida cautelar previa que justifique la exención del envío simultáneo a la contraparte.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada el 4 de mayo de 2026 por un abogado en nombre propio y en representación de una sociedad de agricultores, dirigida contra la Circular 001 del 16 de enero de 2026, cuyo asunto es la aplicación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses en la contratación con recursos públicos de fondos parafiscales del sector agropecuario. Las pretensiones iniciales incluyen la declaración de nulidad absoluta y, en subsidio, la nulidad parcial de la Circular, además de la solicitud de una medida cautelar urgente de suspensión provisional de sus efectos. La demanda fue inicialmente asignada a una sección distinta del Consejo de Estado, pero fue remitida a la Sección Primera por no involucrar conflicto contractual ni materias agrarias, mineras o petroleras. Durante la revisión, el tribunal identificó que la parte demandante no cumplió con los siguientes requisitos procesales:

• Indicar lugar y dirección para notificaciones de la sociedad demandante, incluyendo canal digital.
• Aportar prueba de existencia y representación legal de la sociedad demandante.
• Acreditar el envío simultáneo de la demanda y anexos a la parte demandada por medio electrónico.

Efectos jurídicos de la providencia

La inadmisión implica que el proceso no continuará hasta que la parte demandante corrija las deficiencias señaladas. El Consejo de Estado concede un plazo de diez días para que se subsanen las observaciones. De no hacerlo, la demanda será rechazada y archivada. Esta providencia obliga a la parte demandante a cumplir estrictamente con los requisitos formales del proceso, en particular con la carga de enviar la demanda a la contraparte al momento de su presentación, requisito que garantiza el derecho a la defensa y el debido proceso.

Conclusión

El Consejo de Estado inadmite la demanda de nulidad contra la Circular 001 de 2026 por incumplimiento de requisitos procesales relacionados con la notificación a la parte demandada. La decisión se funda en la interpretación del CPACA y la jurisprudencia vigente sobre la naturaleza y exigencias de las medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa. El tribunal otorga un plazo para subsanar los defectos, condicionando la continuación del proceso a la corrección de las omisiones señaladas, garantizando así el respeto al debido proceso y la adecuada defensa de las partes involucradas.