Naturaleza y competencia

El auto fue proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia para resolver recusaciones conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en el marco de un proceso de nulidad electoral.

Sentido de la decisión

• Se declaró infundada la recusación presentada contra la magistrada de la Sección Quinta.
• Se negó la suspensión inmediata de la competencia de la magistrada para continuar conociendo del proceso.
• No procede recurso ordinario contra esta decisión, conforme al artículo 132, ordinal 7.º, en concordancia con el artículo 243A, ordinal 6.º, del CPACA.

Antecedentes relevantes

• Un demandante interpuso medio de control de nulidad electoral contra el acto que declaró elegido presidente de la República para un periodo constitucional.
• El demandante formuló recusación contra la magistrada con base en dos causales del artículo 141 del Código General del Proceso (CGP): interés directo en el proceso (ordinal 1.º) y denuncia penal formulada por la magistrada contra el demandante (ordinal 8.º).
• El fundamento de la primera causal fue la supuesta alteración de la realidad fáctica del expediente y falsa motivación en un auto judicial, lo cual según el demandante comprometía la imparcialidad de la magistrada.
• Respecto a la segunda causal, se alegó que la magistrada había solicitado la compulsa de copias penales contra el demandante por presunto delito de prevaricato por omisión.
• La magistrada recusada se pronunció solicitando negar la recusación, argumentando que no se acreditaba interés directo ni se había formulado denuncia penal o disciplinaria contra el demandante en los términos legales.

Consideraciones centrales que sustentan la decisión

• Para configurar la causal de interés directo (ordinal 1.º del artículo 141 del CGP), se requiere que el juez o sus parientes tengan un interés actual y particular en el resultado del proceso, con elementos subjetivo y objetivo.
• En el caso concreto, no se acreditó que la magistrada tuviera un interés directo o indirecto en las resultas del proceso que comprometiera su imparcialidad o independencia.
• La función jurisdiccional de la magistrada se ha ejercido conforme a las normas legales aplicables, y la decisión cuestionada respondió al análisis jurídico del caso, sin que se evidencie alteración de los hechos para favorecer a alguna parte.
• En cuanto a la causal de denuncia penal (ordinal 8.º del artículo 141 del CGP), no se aportó prueba de que la magistrada hubiera formulado denuncia penal o disciplinaria contra el demandante ni que existiera vinculación jurídica formal a una investigación.
• La jurisprudencia del Consejo de Estado establece que para dicha causal es necesaria la existencia de una denuncia previa al proceso o relacionada con hechos ajenos al mismo, así como la vinculación formal del denunciado al proceso penal, requisitos que no se cumplen en este caso.

Efectos jurídicos

• La declaratoria de infundada la recusación permite que la magistrada continúe conociendo del proceso sin suspensión de su competencia.
• La decisión es de carácter definitivo para este trámite y no admite recurso ordinario.
• Vincula a las partes y a la administración de justicia en lo concerniente a la continuidad del conocimiento del proceso bajo la dirección de la magistrada recusada.