Naturaleza de la providencia e instancia

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en el trámite de apelación de una acción popular (medio de protección de derechos e intereses colectivos) contra el Distrito Especial de Santiago de Cali y otros. La decisión confirma parcialmente la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Sentido de la decisión

• Confirmar el amparo del derecho colectivo a la seguridad pública reconocido en primera instancia.
• Ordenar al Distrito de Santiago de Cali incluir en su presupuesto anual los recursos destinados a actualizar, reparar, adecuar y complementar el circuito de videovigilancia del municipio, mediante un estudio técnico que defina la ubicación, cantidad y características de las cámaras.
• Conceder un plazo de un (1) año para iniciar tales estudios o consultorías y un plazo de tres (3) años para la implementación del nuevo sistema de cámaras, una vez finalizados los estudios y el proceso de selección del contratista por licitación pública.
• Adicionar la sentencia de primera instancia para integrar un comité de verificación conforme al artículo 34 de la Ley 472 de 1998, conformado por: el magistrado ponente de primera instancia, el actor popular, el secretario de seguridad del Distrito o su delegado, y el agente delegado del Ministerio Público en primera instancia.
• Negar las demás pretensiones de la demanda.
• Abstenerse de condenar en costas en esta instancia.
• Establecer la ventanilla virtual de SAMAI como canal oficial para la recepción de memoriales y escritos.

Razón principal de la decisión

La Sala consideró probado que el sistema de videovigilancia del Distrito de Santiago de Cali presenta falencias estructurales, pues funciona únicamente el 80.5% de las cámaras instaladas, y no existe un diseño o planimetría que permita conocer el estado real de la red de fibra óptica para realizar mantenimiento preventivo y correctivo. Esta situación, aceptada expresamente por la entidad territorial, representa una amenaza al derecho colectivo a la seguridad pública. En consecuencia, se confirmó el amparo de este derecho y las órdenes para mejorar la infraestructura tecnológica de vigilancia, con el fin de prevenir delitos y salvaguardar la seguridad ciudadana.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso fue iniciado por un ciudadano que demandó al Distrito de Santiago de Cali, a la Policía Nacional y al Departamento del Valle del Cauca por presunta omisión en la implementación de programas y procedimientos adecuados de seguridad pública, en particular por el deficiente sistema de cámaras de videovigilancia. La demanda solicitaba declarar la responsabilidad por falla del servicio, vulneración de la moralidad administrativa y ordenar medidas para mejorar la seguridad, incluyendo la intervención de órganos de control. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió parcialmente la demanda, amparando el derecho colectivo a la seguridad pública y ordenando mejorar el sistema de videovigilancia. Tanto la parte actora como el Distrito interpusieron recursos de apelación contra aspectos de dicha sentencia. En el trámite de apelación, el Distrito reconoció la existencia de problemas técnicos en la red de fibra óptica que dificultan el mantenimiento del sistema de cámaras. La Policía Nacional y el Departamento del Valle del Cauca alegaron no ser responsables directos de la operatividad del sistema en el Distrito y negaron vulneración de derechos colectivos.

Efectos jurídicos de la decisión

La providencia obliga al Distrito Especial de Santiago de Cali a:

• Incluir en sus presupuestos anuales los recursos necesarios para la actualización y mejoramiento del sistema de videovigilancia.
• Realizar, directamente o mediante contratista, un estudio técnico para determinar la ubicación, cantidad y características de las cámaras, conforme a estándares internacionales.
• Implementar el nuevo sistema de videovigilancia en un plazo máximo de tres años tras la finalización de los estudios y selección contractual.
• Conformar y mantener activo un comité de verificación integrado según lo dispuesto en la Ley 472 de 1998, para supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Adicionalmente, la Sala se abstuvo de imponer condena en costas en la segunda instancia, considerando que ambas partes apelaron la sentencia y que la demanda prosperó parcialmente. La decisión no ordena la intervención de agencias especiales de control, como la Procuraduría ni la Contraloría, dado que no se acreditó la vulneración de derechos colectivos relacionados con moralidad administrativa ni patrimonio público. Finalmente, se establece la ventanilla virtual de SAMAI como medio oficial para trámites procesales, facilitando la comunicación y presentación de documentos en el proceso. --- Esta providencia consolida el marco jurídico para la protección del derecho colectivo a la seguridad pública en el Distrito de Santiago de Cali, restringiendo su enfoque a la infraestructura de videovigilancia y estableciendo obligaciones presupuestales, técnicas y de supervisión para la autoridad urbana, con el fin de garantizar la efectividad y mantenimiento de las herramientas tecnológicas que contribuyen a la seguridad ciudadana.