Obligaciones del prestador en la emisión de certificados

La Superservicios recuerda que los prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado están obligados a otorgar la viabilidad y disponibilidad del servicio para predios ubicados en suelos legalmente habilitados, salvo que dentro de los 45 días calendario siguientes a la solicitud de licencia demuestren la falta de capacidad técnica, económica o hídrica para atender dicha demanda. La certificación que emite el prestador genera una expectativa legítima para el interesado, pero no constituye un derecho adquirido ni una obligación incondicionada de conexión, la cual depende de que se mantengan las condiciones técnicas y jurídicas al momento de la conexión efectiva. Además, el prestador debe realizar un análisis técnico, jurídico y económico riguroso al momento de emitir estos certificados y está facultado para negar la certificación si existen limitaciones razonadas y probadas. En caso de negativa, el prestador debe remitir los soportes a la Superservicios para su verificación, que podrá ordenar el otorgamiento de la certificación o sancionar al prestador en caso de incumplimiento.

Responsabilidad y negativa del contrato

El documento enfatiza que el acceso a los servicios públicos domiciliarios es un derecho constitucional, pero sujeto a condiciones técnicas y jurídicas. El prestador puede negar la conexión si el inmueble o el solicitante no cumplen con los requisitos establecidos en la regulación vigente, tales como la ubicación dentro del perímetro de servicio, licencia de construcción vigente y condiciones técnicas adecuadas para la conexión. En cuanto a la responsabilidad, si el prestador emite una certificación errónea o basada en información insuficiente, y posteriormente se demuestra que la conexión afectaría la calidad o continuidad del servicio, no podrá efectuar la conexión y deberá asumir la responsabilidad económica por los perjuicios ocasionados.

Expansión urbana y área de prestación del servicio (APS)

Respecto a la expansión urbana, la Superservicios señala que la ampliación del área de prestación del servicio es una decisión autónoma de cada prestador, incluso si se trata de empresas oficiales. La inclusión de nuevas áreas de expansión urbana en los planes de ordenamiento territorial genera únicamente una expectativa de prestación del servicio, que debe ser confirmada mediante la expedición de los certificados de viabilidad y disponibilidad por parte del prestador. La determinación del APS debe basarse en estudios técnicos, operativos, financieros y ambientales que garanticen la prestación eficiente, sostenible y de calidad del servicio. La entidad territorial tiene la responsabilidad de asegurar la prestación del servicio en áreas no cubiertas por ningún prestador, pudiendo considerar esquemas alternativos cuando sea necesario. Finalmente, se advierte que, aunque la ampliación del APS puede impactar en las tarifas y estructura de costos, la Superservicios no tiene competencia para pronunciarse sobre aspectos tarifarios específicos o decisiones particulares de los prestadores en este ámbito.

Conclusiones principales

- Los certificados de viabilidad y disponibilidad acreditan la posibilidad técnica de conexión, pero no garantizan una obligación automática de conexión. - La prestación del servicio debe garantizar calidad, continuidad, eficiencia y sostenibilidad financiera. - El prestador puede negar la conexión o la certificación por limitaciones técnicas o jurídicas debidamente sustentadas. - La expansión del APS es una decisión empresarial autónoma y debe basarse en estudios que garanticen la viabilidad del servicio. - La entidad territorial es garante de la prestación del servicio en su jurisdicción y debe actuar en consecuencia. Este concepto se emite como una orientación jurídica general y no tiene carácter vinculante para casos particulares, en concordancia con el marco legal vigente, buscando promover la transparencia y seguridad jurídica en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.