Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia es un auto de segunda instancia dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Cuarta de Decisión Civil-Familia-Laboral, en el marco de un proceso ordinario laboral.

Sentido de la decisión

• Revocación de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Montería.
• Concesión del derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente y a sus dos hijos menores, a partir de la fecha del fallecimiento del causante.
• Distribución de la mesada pensional: 50% para la compañera permanente y 25% para cada hijo menor.
• Condena a la entidad administradora de pensiones al pago del retroactivo pensional indexado desde la fecha del fallecimiento hasta la inclusión en nómina.
• Orden a la entidad para que se abstenga de descontar o compensar valores por concepto de indemnización sustitutiva pagada previamente a la cónyuge supérstite.
• Exclusión del reconocimiento pensional a la cónyuge.
• Rechazo de la procedencia de intereses moratorios a favor de los beneficiarios.
• Condena en costas a la entidad administradora de pensiones.

Razón principal de la decisión

El tribunal fundamentó su decisión en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa previsto en la jurisprudencia constitucional, que permite acudir a normativas anteriores vigentes en el momento en que el afiliado cumplió los requisitos para acceder a la pensión, incluso si estas normas son anteriores a la inmediatamente vigente al fallecimiento. Se consideró la situación de especial vulnerabilidad de los beneficiarios, en particular los hijos con discapacidad, lo que justificó el salto normativo y la protección reforzada de sus derechos fundamentales. Se optó por prevalecer el criterio de la Corte Constitucional sobre el de la Corte Suprema de Justicia en materia de protección constitucional y derechos fundamentales.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

• El causante falleció el 2 de agosto de 2020, estando afiliado al régimen de prima media administrado por la entidad demandada.
• Acumuló aproximadamente 1.132 semanas cotizadas desde 1982, pero no cumplió con el requisito de cotizar al menos 50 semanas en los tres años previos al fallecimiento, exigido por la Ley 797 de 2003 vigente en ese momento.
• La demandante actuó en calidad de compañera permanente y representante de sus dos hijos menores, quienes presentan discapacidad mental absoluta desde su nacimiento.
• La entidad negó inicialmente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando que ya había pagado una indemnización sustitutiva a la cónyuge supérstite.
• El juzgado de primera instancia negó las pretensiones principales, pero reconoció subsidiariamente la indemnización sustitutiva para los beneficiarios, distribuyendo porcentajes entre la compañera permanente, los hijos menores y la cónyuge.
• Contra esta decisión, la parte demandante y la entidad interpusieron apelación parcial.

Efectos jurídicos

• Se reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes para la compañera permanente y los hijos menores, con efectos retroactivos desde la fecha del fallecimiento del causante.
• La entidad administradora de pensiones queda obligada a pagar el retroactivo indexado y las mesadas futuras conforme a la distribución ordenada.
• Se ordena expresamente que la entidad no descuente ni compense los pagos realizados previamente a la cónyuge supérstite contra los valores reconocidos a los beneficiarios legítimos.
• La cónyuge supérstite queda excluida del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y absuelta de responder solidariamente en cualquier pago.
• Se condena en costas a la entidad administradora de pensiones por ambas instancias, con fijación de agencias en derecho a favor de la parte demandante.

Conclusión

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Montería reafirma la importancia de proteger los derechos fundamentales de los beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad, garantizando el acceso a beneficios pensionales bajo condiciones más favorables, incluso si ello implica aplicar normativas anteriores. Este fallo sienta un precedente relevante en materia laboral y de seguridad social, promoviendo la justicia y equidad en el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes.