Naturaleza de la providencia y competencia

Se trata de un auto proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de segunda instancia dentro de un proceso contencioso administrativo. La competencia para conocer del asunto deriva del vínculo contractual estatal en cuestión y de la naturaleza de los derechos colectivos alegadamente vulnerados.

Sentido de la decisión

• Admitir el recurso de apelación presentado por la comunidad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar.
• Notificar personalmente la decisión al agente del Ministerio Público y por estado a las partes procesales.
• Comunicar el contenido del auto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que ejerza sus competencias legales.
• Reconocer personería a los apoderados que sustituyeron o renunciaron en representación de las entidades demandadas, y aceptar dicha renuncia cuando procedió.

Razón principal de la decisión

El tribunal constató que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del término legal de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia de primera instancia. Además, el recurrente presentó reparos concretos y específicos frente a la decisión que alegaba lesiva para sus intereses. Por tanto, se cumplió con la carga argumentativa mínima exigida para la admisión del recurso según el Código General del Proceso y la Ley 472 de 1998, normativa aplicable a las acciones populares.

Antecedentes fácticos y procesales relevantes

La comunidad indígena demandante, actuando también como agente oficioso de otros pueblos indígenas de la Sierra Nevada, interpuso una acción popular contra el Departamento Administrativo de Planeación Nacional y la Corporación Autónoma Regional del Cesar. La demanda solicitaba la protección de derechos colectivos relacionados con la consulta previa, el ambiente sano y el patrimonio cultural, frente a la estructuración de un proyecto de embalse en un territorio ancestral sin previa consulta a las comunidades afectadas. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción popular por considerar que la amenaza alegada fue superada con la terminación anticipada del contrato estatal que respaldaba el proyecto. Contra esta decisión, la comunidad interpuso recurso de revocatoria y posteriormente apelación, argumentando la existencia de vulneraciones históricas y solicitando la declaración del río afectado como sujeto de derechos.

Efectos jurídicos de la providencia

La admisión del recurso de apelación implica que el Consejo de Estado continuará el trámite del proceso en segunda instancia, examinando los reparos formulados en contra de la sentencia de primera instancia. Asimismo, el reconocimiento de personería a los apoderados permite la continuidad formal del proceso con las representaciones legales válidamente acreditadas. La comunicación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado habilita a esta entidad para intervenir conforme a sus competencias constitucionales y legales.

Otras determinaciones

Se reconoció la sustitución y renuncia de poderes conferidos en representación de las entidades demandadas, conforme a los requisitos legales previstos en el Código General del Proceso y la Ley 2213 de 2022, garantizando la adecuada representación procesal de las partes en el trámite ante la segunda instancia. --- El auto fue proferido en Bogotá D.C., el 29 de septiembre de 2026, por el magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, marcando un paso importante en la defensa de los derechos colectivos y el reconocimiento de los procesos judiciales que involucran a comunidades indígenas y la protección de sus territorios ancestrales. El proceso continuará su curso para garantizar un análisis exhaustivo de las pretensiones y derechos en juego.