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Auto del Consejo de Estado inadmite demanda contra DIAN por incumplimiento en control de nulidad

Proviene de: Sentencias

6 de octubre de 2026 16:50:29

Naturaleza de la providencia y tribunal

La providencia corresponde a un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Consejo de Estado, en ejercicio de su función como tribunal de segunda instancia en materia administrativa.

Sentido de la decisión

El Consejo de Estado resolvió inadmitir la demanda de nulidad presentada contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y concedió un término para subsanar los defectos formales detectados.
  • Inadmitir la demanda de nulidad interpuesta contra la DIAN.
  • Conceder un término de diez (10) días para que el demandante subsane los defectos señalados, so pena de rechazo definitivo.

Razón principal de la decisión

La inadmisión se fundamenta principalmente en que el medio de control de nulidad no es procedente para controvertir normas con rango de ley, como el artículo 868 del Estatuto Tributario, cuya revisión corresponde a la Corte Constitucional mediante acción pública de inconstitucionalidad. Además, la demanda no cumplió con los requisitos legales mínimos para controvertir el acto administrativo impugnado, pues no explicó de forma clara y concreta las normas presuntamente vulneradas ni el juicio de confrontación entre el acto y las disposiciones invocadas. Asimismo, se identificó una indebida acumulación de pretensiones, que incluyen solicitudes que exceden el objeto del medio de control de nulidad, tales como ordenar modificaciones legales, reajustes de la Unidad de Valor Tributario (UVT) y devoluciones por cobros presuntamente indebidos, sin sustento jurídico suficiente para su formulación en este proceso.

Antecedentes fácticos y procesales

El demandante presentó una acción de nulidad contra el artículo 868 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1111 de 2006, y contra la Resolución No. 000238 del 15 de diciembre de 2025 expedida por la DIAN. La demanda contenía varias pretensiones: ordenar la claridad en la redacción del artículo 868 respecto a la indexación de la UVT, declarar la nulidad de la resolución, ordenar el reajuste de la UVT para la vigencia 2026 según la meta de inflación indicada por el Banco de la República y disponer devoluciones por cobros indebidos correspondientes a vigencias anteriores. El tribunal observó que la demanda incluía además un texto adicional relativo a temas catastrales y tributarios sin relación aparente con el objeto del proceso, generando incertidumbre sobre el contenido definitivo de la demanda.

Efectos jurídicos de la decisión

La inadmisión de la demanda implica que no se dará trámite al proceso hasta tanto el demandante subsane los defectos formales señalados. El término concedido obliga al demandante a:
  • Precisar el objeto de la demanda y adecuar las pretensiones a la naturaleza del medio de control de nulidad, indicando claramente el acto administrativo impugnado.
  • Excluir de la demanda el cuestionamiento al artículo 868 del Estatuto Tributario, dado que corresponde a la Corte Constitucional su control de constitucionalidad.
  • Justificar la procedencia legal de las pretensiones relacionadas con la modificación del contenido del acto administrativo, el reajuste de la UVT y las devoluciones solicitadas.
  • Explicar de manera concreta y suficiente el concepto de violación respecto a la Resolución 000238 de 2025, conforme a los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
  • Aclarar la inclusión o exclusión del texto adicional incorporado en la demanda y su relación con el objeto procesal.
  • Presentar un escrito corregido que integre la demanda definitiva conforme a estas indicaciones.
El incumplimiento de estas indicaciones en el término otorgado resultará en el rechazo definitivo de la demanda, lo que impedirá la continuación del proceso judicial. Esta decisión reafirma la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos legales en los procesos administrativos y la competencia de los tribunales para controlar la legalidad de los actos administrativos dentro de los límites establecidos por la ley.

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Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico.
Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.

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