Naturaleza de la providencia y contexto procesal
Se trata de una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto dentro de un proceso ordinario laboral. La decisión se dictó en consulta de sentencia a favor del Ministerio de Trabajo, en un litigio iniciado contra Colpensiones y dicho Ministerio, relativo al reconocimiento y pago de una pensión especial por invalidez para víctima del conflicto armado.
Sentido de la decisión
- Confirmar en lo fundamental la sentencia de primera instancia que reconoció el derecho al retroactivo pensional reclamado.
- Modificar el monto actualizado del retroactivo pensional a favor del demandante, fijándolo en $18.672.556, debido a la actualización monetaria hasta la fecha de la providencia.
- Ordenar al Ministerio de Trabajo pagar el retroactivo pensional dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
- No imponer costas en esta instancia, dado que el conocimiento se surtió por grado jurisdiccional de consulta.
Razón principal de la decisión
La Sala concluyó que el demandante cumple con los requisitos legales para acceder a la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado, acreditada mediante acto administrativo expedido por Colpensiones y respaldada por certificaciones médicas y de calificación de invalidez.
Se determinó que el derecho a la pensión surge desde la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral (16 de noviembre de 2013) y que el reconocimiento efectivo ocurrió tardíamente (1 de agosto de 2017), lo que da lugar al pago de retroactivo desde la fecha en que se hizo exigible el derecho.
Respecto a la entidad obligada a asumir el pago, la Sala estableció que, conforme al Decreto 600 de 2017, la competencia para el reconocimiento y pago de esta prestación corresponde al Ministerio de Trabajo, que debe sufragar el retroactivo con cargo al Presupuesto General de la Nación, puesto que Colpensiones declaró su falta de competencia y remitió el expediente a dicho Ministerio.
La indexación de las sumas adeudadas fue considerada procedente para preservar el poder adquisitivo, conforme a la jurisprudencia vigente. Las excepciones de mérito presentadas por el Ministerio de Trabajo, como prescripción y ausencia de obligación, fueron desestimadas por no haberse configurado.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
El demandante fue víctima de un accidente con mina antipersonal en noviembre de 2013, que le causó una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, debidamente certificada y reconocida en el Registro Único de Víctimas. No contaba con cotizaciones ni derecho pensional previo, y solicitó la pensión especial prevista en la ley 418 de 1997.
Colpensiones inicialmente reconoció la prestación mediante acto administrativo en 2017, y el Ministerio de Trabajo comenzó a pagar la mesada pensional desde agosto de ese año, sin cubrir el retroactivo ni intereses moratorios.
En primera instancia, el juzgado laboral reconoció el derecho al retroactivo y condenó al Ministerio de Trabajo a pagar las sumas debidas desde abril de 2016 hasta julio de 2017, con indexación, pero negó los intereses moratorios.
Durante el proceso, se resolvió un conflicto de competencia a favor de la jurisdicción laboral, y en segunda instancia se surte grado jurisdiccional de consulta para definir la controversia sobre la procedencia del retroactivo y la entidad responsable.
Efectos jurídicos de la decisión
La sentencia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar el retroactivo pensional al demandante, actualizado a la fecha de la providencia, en el término de cinco días contados desde la ejecutoria. La decisión confirma que esta entidad es responsable del reconocimiento y pago de la prestación humanitaria periódica para víctimas del conflicto armado, conforme al marco normativo vigente. No se imponen costas en segunda instancia.
La providencia será notificada a las partes por medios electrónicos y edicto, y el expediente retornará al juzgado de origen para los efectos administrativos y de ejecución correspondientes. Con esta resolución, se fortalece el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y se reafirma el compromiso estatal con la reparación integral.
