Naturaleza de la providencia y tribunal
La providencia es una sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el marco de un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Ocaña.
Sentido de la decisión
- Confirmar la sentencia condenatoria contra los dos procesados por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
- Imponer una pena principal de 60 meses de prisión y multa de 56 salarios mínimos legales vigentes, además de la accesoria correspondiente.
- Conceder prisión domiciliaria a los condenados, que se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.
- Negar la solicitud de preclusión planteada por uno de los apoderados judiciales.
- Rechazar la invocación del principio non bis in ídem para uno de los procesados.
Razón principal de la decisión
La Sala concluyó que se probó que, al momento de la celebración de los contratos objeto de la investigación, uno de los contratistas se encontraba en ejercicio como servidor público, condición que lo inhabilitaba para contratar con entidades estatales de acuerdo con el artículo 8° literal f) de la Ley 80 de 1993. Además, se estableció que el representante legal del municipio celebró los contratos con conocimiento de dicha inhabilidad, dado que existía una relación de conocimiento previo entre las partes, incluso con vínculos familiares lejanos acreditados en el proceso.
También se determinó que la contratación no respetó los principios de transparencia y selección objetiva, y que la urgencia alegada para justificar el proceso no eximía el cumplimiento de los requisitos legales para la contratación pública. Por lo tanto, se configuraron los elementos objetivos y subjetivos de los delitos imputados.
Respecto a la solicitud de preclusión por inexistencia del hecho investigado, la Sala indicó que dicha causal es eminentemente objetiva y que la inconformidad planteada se centró en la valoración jurídica de la prueba, la cual fue considerada suficiente para confirmar la responsabilidad penal.
En cuanto a la invocación del principio non bis in ídem, se estableció que la sanción disciplinaria y la penal tienen finalidades y bienes jurídicos protegidos distintos, por lo que no existe afectación a esta garantía constitucional.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
La investigación se originó en una indagación preliminar que fue dividida para investigar separadamente a los procesados por la suscripción de contratos para la prestación del servicio de grúa para el transporte de vehículos retenidos por autoridades de tránsito en el municipio de Ocaña.
Se estableció que uno de los contratistas, al momento de la firma de los contratos en 2006, era servidor público en propiedad en otra alcaldía municipal y que, a pesar de ello, se suscribieron varios contratos estatales con la municipalidad de Ocaña.
La Fiscalía formuló acusación por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, acusación que fue confirmada en etapa de juicio, de donde surgió la sentencia condenatoria apelada.
Efectos jurídicos
La sentencia confirmada impone a los condenados penas privativas de la libertad y multas, además de la prisión domiciliaria condicionada a la firmeza del fallo. La providencia vincula directamente a los procesados y ordena la devolución de las actuaciones al juzgado de origen para su cumplimiento. Contra esta decisión procede recurso extraordinario de casación. Con esta resolución, se reafirma el compromiso del sistema judicial con la transparencia y el cumplimiento estricto de las normas en la contratación pública, buscando preservar la confianza ciudadana en las instituciones y sancionar conductas que afectan el buen manejo de los recursos públicos.
