Naturaleza de la providencia y contexto procesal
Se trata de un auto proferido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A del Consejo de Estado, en segunda instancia, en el marco de un proceso acumulado de nulidad contra los Decretos 1469 y 1470 de 2025, que fijaron el salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2026. El auto del 22 de septiembre de 2026 fijó el litigio, resolvió excepciones previas, decretó pruebas y dispuso el trámite de sentencia anticipada.
Sentido de la decisión
- Recurso de reposición: Negado.
- Objeto del recurso: Solicitud para adicionar un problema jurídico en la fijación del litigio, relativo a la presunta infracción del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) por falta de aplicación del denominado «precedente administrativo» en la expedición del Decreto 1469 de 2025.
- Decisión: El auto recurrido no será revocado ni modificado en cuanto a la fijación del litigio; no se adicionará el problema jurídico solicitado.
Razón principal de la decisión
El tribunal concluyó que, aunque el auto que fijó el litigio no mencionó expresamente el artículo 10 del CPACA ni el concepto de «precedente administrativo», el contenido sustancial del cargo formulado en la demanda está incorporado en los problemas jurídicos ya definidos. Específicamente, el cuestionamiento sobre la motivación y la ponderación de los factores legales para la fijación del salario mínimo, así como la valoración del supuesto apartamiento de criterios anteriores, se encuentran comprendidos en la delimitación del litigio. Por tanto, no se configura una omisión que justifique la revocatoria del auto para adicionar un problema jurídico autónomo.
Antecedentes fácticos y procesales relevantes
Los demandantes presentaron recursos de nulidad contra los decretos que establecen el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026, formulando varios cargos, entre ellos la supuesta infracción del artículo 10 del CPACA por falta de aplicación del precedente administrativo contenido en un decreto anterior (Decreto 1572 de 2024). Estos cargos fueron considerados en la fijación del litigio que delimitó once problemas jurídicos a resolver en la sentencia.
Posteriormente, dos demandantes interpusieron recurso de reposición parcial solicitando que se adicione expresamente un problema jurídico que permitiera analizar si el Gobierno Nacional vulneró su propio precedente administrativo al expedir el Decreto 1469 de 2025. Alegaron que sin dicha adición se vulnerarían derechos procesales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
El recurso fue sometido a traslado, en el cual una parte coadyuvante solicitó confirmar la providencia, argumentando que la fijación del litigio abarca el examen de motivación y ponderación de los parámetros legales y que la inclusión literal del cargo no es necesaria. Otro demandante respaldó el recurso solicitando la adición por la importancia del tema.
Efectos jurídicos de la decisión
El auto confirmado fija de manera definitiva el litigio, delimitando los problemas jurídicos que serán objeto de decisión en la sentencia de fondo. La decisión vincula a las partes en cuanto a la controversia que se resolverá y ordena continuar con el trámite del proceso conforme a lo dispuesto en la fijación del litigio. No se adicionan nuevos problemas jurídicos, por lo que la actuación procesal de las partes deberá ajustarse a los términos ya definidos.
Conclusión de la providencia
El Consejo de Estado negó el recurso de reposición y confirmó la fijación del litigio contenida en el auto del 22 de septiembre de 2026, al considerar que los cargos controvertidos están incorporados en los problemas jurídicos ya planteados. La providencia fue firmada electrónicamente y garantiza la autenticidad y conservación del acto procesal, asegurando así la continuidad y certeza del proceso judicial en relación con los decretos que fijan el salario mínimo y el auxilio de transporte para el año 2026.
