Naturaleza de la providencia y contexto procesal
La providencia corresponde a un auto emitido por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de decisión, en el marco de un proceso de restablecimiento del derecho seguido contra un municipio. La medida cautelar se solicitó en relación con una resolución que resolvía excepciones formuladas en contra de un mandamiento de pago dentro de un procedimiento de jurisdicción coactiva.
Sentido de la decisión
El Tribunal resolvió:
- Decretar la suspensión provisional de los efectos de la resolución que rechazó las excepciones y ordenó continuar con la ejecución administrativa.
- Ordenar la suspensión del procedimiento administrativo de cobro coactivo mientras esté vigente la medida cautelar.
- Prohibir la realización de nuevas actuaciones de ejecución material derivadas de la resolución suspendida durante la vigencia de la medida.
- Establecer que la medida cautelar no implica pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto ni sobre la existencia de la obligación tributaria.
- Disponer la notificación inmediata al municipio y a las dependencias administrativas correspondientes para efectos de cumplimiento.
- Continuar con el trámite ordinario del proceso.
Razón principal que sustenta la decisión
El Tribunal fundamenta la medida en la presencia de una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el riesgo de un perjuicio grave o de difícil reparación (periculum in mora). En particular, advirtió que el acto administrativo que sirve como título ejecutivo —una Liquidación Oficial de Revisión— podría no haber sido notificado correctamente a la entidad demandante, lo cual comprometería la ejecutoria del acto y, por ende, la validez del título para sustentar el cobro coactivo.
Se destacó que la notificación es un mecanismo esencial para que el contribuyente conozca la obligación, pueda controvertirla y ejercer su derecho de defensa. La ausencia o irregularidad en la notificación genera una duda seria sobre la oponibilidad del título ejecutivo.
Además, el Tribunal consideró que continuar con el procedimiento de cobro y mantener medidas cautelares sobre el patrimonio de la sociedad mientras se tramita el proceso podría generar un perjuicio económico significativo y de difícil reparación, afectando la actividad económica y la liquidez de la demandante.
Antecedentes fácticos y procesales
La sociedad demandante interpuso demanda contra el municipio, buscando la nulidad de una resolución que negó las excepciones contra un mandamiento de pago y ordenó la ejecución de una obligación tributaria correspondiente a una liquidación oficial de revisión del impuesto de industria y comercio de la vigencia 2018.
Se adujo que la liquidación oficial no fue notificada debidamente a la sociedad, dado que las comunicaciones se enviaron a una persona identificada como representante legal pero no se estableció claramente que la sociedad contribuyente fuera la destinataria. No se encontró constancia fehaciente de la notificación a la sociedad en el expediente administrativo.
Durante la sustanciación de la solicitud de medida cautelar, ni el municipio ni el representante del Ministerio Público presentaron pronunciamiento, por lo cual no se controvirtieron los argumentos y documentos aportados por la parte demandante.
Efectos jurídicos de la decisión
La suspensión provisional ordenada:
- Impide la continuación del procedimiento administrativo de cobro coactivo basado en la liquidación cuestionada.
- Suspende temporalmente los efectos de la resolución que ordenó seguir con la ejecución.
- Obliga a la administración municipal a abstenerse de adelantar nuevas actuaciones de ejecución relacionadas con la resolución suspendida.
- Permanece vigente hasta que se profiera sentencia definitiva o se modifique o levante la medida cautelar.
La medida cautelar tiene carácter provisional y no prejuzga sobre la legalidad de los actos administrativos ni sobre la existencia o cuantía de la obligación tributaria en discusión. Su finalidad es proteger el derecho de defensa y evitar perjuicios de difícil reparación durante el proceso judicial.
Con esta decisión, el Tribunal Administrativo de Nariño reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de los contribuyentes, asegurando que los procedimientos administrativos se lleven a cabo bajo los principios de legalidad y debido proceso. El proceso continuará su curso para resolver de fondo las controversias planteadas, garantizando un análisis exhaustivo de los hechos y del marco normativo aplicable.
