La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación presentada contra la sanción impuesta por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado de Familia correspondiente, en un caso relacionado con la declaración de unión marital de hecho y la disolución de la sociedad patrimonial. El proceso se centró en la omisión de información relevante sobre la existencia de una heredera menor de edad, que debía ser notificada y vinculada al proceso. La autoridad judicial sancionó a la apoderada y a la parte demandante con multas y ordenó remitir copias a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por la falta de información. La parte accionante alegó que la información sobre la heredera se había incluido desde el inicio mediante declaraciones extraprocesales y que no hubo intención de ocultarla. Sin embargo, las autoridades judiciales concluyeron que la información suministrada fue insuficiente y contradictoria, y que la obligación de identificar y notificar a todos los herederos determinados es esencial para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. El tribunal resaltó que, aunque se corrigieron las omisiones durante el trámite, esta corrección se produjo tardíamente y solo tras la interposición de excepciones de mérito. Además, se evidenció que las partes conocían la existencia y el domicilio de la heredera, pero no lo informaron oportunamente al juzgado. La Corte Suprema reiteró que la acción de tutela no procede para modificar decisiones judiciales que se ajusten a derecho y que cuenten con fundamentos razonables. En este caso, la sanción se basó en la interpretación legítima de las normas procesales y la valoración probatoria realizada por los jueces naturales, cuya autonomía e independencia deben respetarse. Con esta decisión, se confirma la importancia de suministrar información veraz y completa en los procesos judiciales para garantizar la integridad del debido proceso y la protección efectiva de los derechos de todas las partes involucradas. La resolución fue notificada a las partes y remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión, reafirmando así el compromiso del sistema judicial con la transparencia y la justicia en los procesos de familia.