Facultades constitucionales y legales de la Contraloría

La Contraloría General de la República ejerce la función pública de vigilancia y control fiscal sobre la gestión de fondos y bienes públicos en todos los niveles administrativos. Esta función está respaldada por la Constitución Política y desarrollada por normativas internas que regulan la gestión fiscal y los procesos de responsabilidad fiscal. La entidad cuenta con autonomía administrativa para dictar normas internas que armonicen los sistemas de control fiscal, incluyendo la práctica de pruebas periciales en los procesos de responsabilidad fiscal.

Obligación de atender requerimientos judiciales de peritación

El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establece que los jueces pueden solicitar peritaciones a entidades oficiales sobre materias propias de su actividad. Asimismo, el Código de Procedimiento Penal señala la obligatoriedad del cargo de perito para servidores públicos. En este contexto, la Contraloría debe acatar las órdenes judiciales que requieran la designación de funcionarios para rendir dictámenes periciales, salvo que existan causales legales que justifiquen la excusa en casos específicos.

Organización interna y atención de solicitudes

Debido a la complejidad y diversidad de las solicitudes judiciales que pueden llegar a la Contraloría, no existe una dependencia única encargada de la elaboración de dictámenes periciales. La distribución y atención de estos requerimientos se realiza conforme a la competencia temática de cada dependencia interna. Además, no se cuenta con un manual estandarizado para tramitar estas órdenes, por lo cual cada caso se analiza de forma particular para su adecuado manejo.

Implicaciones y recomendaciones

Este concepto jurídico reafirma que la Contraloría General de la República, aunque no realiza peritajes como función misional, está obligada a cumplir con las órdenes judiciales en materia de peritaciones. La entidad cuenta con un manual interno para procesos de responsabilidad fiscal que regula la práctica de la prueba pericial en dicho contexto. Se recomienda a las dependencias internas coordinar el manejo de estas solicitudes conforme a sus competencias, garantizando así la correcta ejecución de las órdenes judiciales y el respeto a la autonomía administrativa de la entidad. Este pronunciamiento busca orientar a las dependencias de la Contraloría y a las entidades vigiladas sobre el alcance y procedimiento para atender requerimientos judiciales de dictámenes periciales, fortaleciendo la transparencia y legalidad en la gestión fiscal. De esta forma, se contribuye al adecuado desarrollo de los procesos judiciales y al cumplimiento efectivo de las obligaciones legales de la entidad, promoviendo la confianza en la función pública y el respeto por el marco normativo vigente.