Contexto y objetivo del debate

El reclutamiento ilícito de menores por parte de grupos armados al margen de la ley constituye una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En Colombia, esta problemática persiste con un incremento preocupante en los últimos años, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, entre otros. Consciente de esta situación, el Senado de la República ha llevado a cabo un debate de control político en el que se ha citado a diversos ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional, así como a entidades clave encargadas de la prevención y atención de estos casos. El propósito principal es examinar en detalle las acciones emprendidas para prevenir el reclutamiento, uso y violencia sexual contra menores, así como para restituir sus derechos y promover su reintegración social. El debate se encuentra en una etapa avanzada de discusión plenaria, con la participación activa de los congresistas y representantes de entidades del sector defensa, justicia, bienestar familiar, educación, derechos humanos y paz. Se han programado sesiones directivas y técnicas con enfoque territorial para priorizar los municipios y departamentos más afectados, con un seguimiento riguroso a las estrategias de prevención implementadas.

Marco normativo y estrategias institucionales

La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) es el órgano coordinador de las acciones estatales en esta materia. Esta comisión, conformada por 22 entidades estatales y liderada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, orienta y articula las políticas públicas para la protección de la niñez vulnerable en el contexto del conflicto armado. El Decreto 2081 de 2019 y sus modificaciones establecen las funciones de la CIPRUNNA, incluyendo el diagnóstico, la priorización territorial y la formulación de planes de acción para la prevención y atención integral de la problemática. Entre sus objetivos están el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos, la promoción de entornos protectores, la participación de la comunidad y la articulación interinstitucional. Las entidades han desarrollado programas específicos como “Familias Fuertes”, orientado a prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y fortalecer las competencias parentales; “Amar y Proteger: Super Poderes Familiares”, que busca fortalecer habilidades en actores escolares para la prevención del consumo de drogas; y el “Programa de Justicia Juvenil con Enfoque Terapéutico” para la atención integral de adolescentes en conflicto con la ley, con un enfoque de reducción de la reincidencia y reintegración social. Además, la Policía Nacional implementa la estrategia “Protección a la Infancia y Adolescencia” (EINFA) y el programa “Abre tus Ojos” para sensibilizar y prevenir el reclutamiento, complementado con acciones de gestión comunitaria y vigilancia en los entornos escolares. La Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Justicia Transicional también participan en las acciones de investigación, judicialización y restablecimiento de derechos.

Avances y resultados estadísticos

Entre agosto de 2022 y junio de 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó 261 casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. El Registro Único de Víctimas (RUV) registró 313 casos relacionados con la vinculación de menores a estos grupos. La Fiscalía General reportó 2,495 noticias criminales por reclutamiento ilícito y 2,172 por uso de menores, cifras que reflejan la magnitud del problema. Los departamentos con mayor incidencia son Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Caquetá y Valle del Cauca, con municipios específicos como El Tambo, Argelia, Toribío, Caldono y Santander de Quilichao en el Cauca, entre los más afectados. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas que son atendidas por la CIPRUNNA mediante asistencias técnicas a las entidades territoriales. La actualización del Índice de Priorización Municipal para la Prevención del Reclutamiento identificó 232 municipios con niveles altos o medios altos de riesgo, herramienta que orienta la focalización de las acciones de prevención y protección.

Desafíos y retos identificados

A pesar de los esfuerzos, la política pública enfrenta retos significativos. Entre ellos, la necesidad de fortalecer un enfoque de protección integral que abarque la multiplicidad de derechos de los menores; mejorar la coordinación intersectorial y entre niveles nacional y territorial; superar la falta de indicadores y líneas base para el seguimiento efectivo; y contar con recursos presupuestales adecuados y asignados de manera autónoma para la ejecución de planes interinstitucionales. Además, la normalización social del reclutamiento y la violencia sexual dificulta la denuncia y la activación de rutas de atención, existiendo un subregistro considerable. Se requiere un mayor involucramiento de las autoridades locales y territoriales, así como de las comunidades étnicas, para fortalecer la prevención y la protección con enfoques diferenciales e interseccionales. La articulación entre entidades estatales y autoridades propias de comunidades indígenas y afrodescendientes es vital para garantizar una respuesta adecuada a las particularidades territoriales y culturales.

Acciones en el marco de la política nacional y la paz

El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece como meta que al menos 294 municipios implementen rutas de prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Para ello, se desarrollan acciones como la socialización de la política pública, la conformación y funcionamiento de Equipos de Acción Inmediata, la elaboración de mapas de riesgo y la articulación interinstitucional. En el marco de los procesos de diálogo y negociación con grupos armados, se han establecido protocolos que prohíben la utilización de menores en el conflicto armado, así como actividades para generar entornos protectores en las comunidades. Las sesiones directivas de la CIPRUNNA se han descentralizado para incluir la participación activa de líderes y jóvenes en los territorios más afectados. La implementación de la Declaración de Escuelas Seguras, liderada por los Ministerios de Educación y Relaciones Exteriores, busca garantizar entornos educativos libres de ataques y violencia, contribuyendo a la prevención del reclutamiento y otras formas de violencia. Se han adoptado estrategias pedagógicas, capacitación a directivos y mecanismos de rendición de cuentas para la protección de la comunidad educativa.

Perspectivas y conclusiones

El debate en el Senado ha permitido evidenciar la complejidad y gravedad del reclutamiento ilícito de menores en Colombia. Las múltiples intervenciones han expuesto tanto los avances como las deficiencias en la implementación de políticas y programas, y han llamado a un compromiso institucional más profundo, con acción coordinada y recursos suficientes. Se ha destacado la importancia de la territorialización de las acciones, el respeto a los enfoques diferenciales de género y étnicos, y la participación activa de niños, niñas y jóvenes en la formulación de las políticas que los protegen. El Estado colombiano, a través de sus diferentes entidades, enfrenta el gran desafío de garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez vulnerable, en un contexto de persistencia del conflicto armado y de dinámicas criminales cambiantes. El éxito de estas políticas es esencial para la construcción de una paz estable y duradera, que respete la dignidad y el futuro de todos los niños, niñas y adolescentes del país. El seguimiento riguroso de las acciones, la evaluación constante y la adaptación a las realidades territoriales serán claves para lograr los objetivos propuestos y superar las dificultades que hoy enfrenta la protección de la niñez en Colombia. Solo con un compromiso firme y coordinado entre el Estado, la sociedad civil y las comunidades afectadas será posible garantizar un futuro libre de reclutamiento ilícito para las nuevas generaciones.