El caso involucra a una empresa promotora de salud que demandó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), solicitando el pago de obligaciones derivadas de la prestación de servicios médicos no cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El valor reclamado supera los 1.356 millones de pesos y corresponde a 179 recobros por 195 servicios médicos, medicamentos e insumos.

Antecedentes del proceso y conflicto de competencia

Inicialmente, la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo, pero este declaró su falta de jurisdicción y remitió el caso a la jurisdicción laboral. Posteriormente, el Juzgado Laboral asignado suscitó un conflicto negativo de jurisdicción, enviando el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para dirimir la competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvió que la competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria laboral y asignó el conocimiento del proceso al Juzgado Laboral. Sin embargo, años después, el Juzgado Laboral declaró nuevamente su falta de competencia basándose en una providencia de la Corte Constitucional, remitiendo el expediente de vuelta al Tribunal Administrativo. Tras varias remisiones internas en el Tribunal Administrativo, finalmente la Sección Primera determinó que debía abstenerse de conocer el caso y devolver el expediente al Juzgado Laboral.

Fundamentos jurídicos y efecto de la cosa juzgada

El Tribunal enfatizó que la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que asignó la competencia a la jurisdicción laboral, tiene carácter de ley del proceso y goza del principio de...