El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, sub-sección “B”, admitió la demanda presentada contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, en la cual se solicita la nulidad de un fallo disciplinario que destituyó e inhabilitó por diez años a un funcionario de esta entidad. El fallo disciplinario inicial fue emitido por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento N° 23 el 4 de diciembre de 2023 y posteriormente confirmado en apelación por el Inspector Delegado Regional de Juzgamiento, con decisión fechada el 30 de septiembre de 2024 y notificada el 29 de octubre del mismo año. La decisión fue ejecutada mediante resolución del 10 de febrero de 2025, con notificación el 6 de marzo de 2025.

Pretensiones de la demanda

Entre las pretensiones de la demanda se encuentran: el reintegro al servicio activo en el cargo y grado que desempeñaba o en uno de superior categoría, considerando que es empleado de escalafón; el ascenso al grado inmediatamente superior desde que cumplió el requisito de tiempo; el reconocimiento y pago de todos los salarios, primas, reajustes, subsidios, vacaciones y demás emolumentos y derechos laborales que dejó de percibir desde la fecha de la destitución; y el reconocimiento de perjuicios morales y los intereses moratorios correspondientes.

Decisión del tribunal

El tribunal, tras verificar que la demanda cumple con los requisitos legales, resolvió admitirla y ordenar su notificación a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al agente del Ministerio Público delegado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, se otorgó traslado para la contestación de la demanda por un término de treinta días, conforme a la Ley 2080 de 2021 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Finalmente, se reconoció la personería jurídica al apoderado judicial que representa al demandante y se dispuso el ejercicio de control efectivo sobre el cumplimiento de los procesos establecidos. Esta decisión marca un paso importante en el trámite del proceso contencioso administrativo que cuestiona la legalidad del procedimiento disciplinario y sus consecuencias sobre la carrera administrativa del funcionario involucrado. El desarrollo de este caso será clave para establecer precedentes en la aplicación de sanciones disciplinarias dentro de la Policía Nacional y garantizar el respeto a los derechos laborales y administrativos de sus funcionarios.