Contexto y marco normativo del proyecto

El Ministerio de Educación Nacional anunció, en 2024, un proyecto de decreto que busca modificar y adicionar el Decreto 1075 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del Sector Educación. Esta iniciativa normativa responde a la necesidad de actualizar y fortalecer los mecanismos de medición y seguimiento de la calidad educativa en Colombia, abarcando desde la educación inicial hasta la educación superior. El proyecto se enmarca en el cumplimiento de disposiciones constitucionales, leyes nacionales y compromisos internacionales, tales como la Ley 115 de 1994, la Ley 1804 de 2016, la Ley 2294 de 2023 y la Ley 1324 de 2009, entre otras. Este decreto se alinea con la obligación del Estado, la sociedad y la familia de garantizar el derecho fundamental a la educación, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia y la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, contempla la incorporación de políticas y lineamientos orientados a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las Naciones Unidas.

Propósito y alcance del proyecto de decreto

El propósito principal de este proyecto es reglamentar los aspectos generales relacionados con la medición y seguimiento de la calidad de la educación inicial y de los exámenes de Estado para los niveles de educación básica, media y superior. Se busca promover una formación integral que reconozca tanto el saber académico como el ser, es decir, el desarrollo de competencias, habilidades socioemocionales, ciudadanía, derechos humanos y otros valores fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Los sectores afectados incluyen a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los niveles del sistema educativo formal, así como a las instituciones educativas oficiales y no oficiales, los prestadores del servicio educativo, las entidades territoriales certificadas y los organismos encargados de la evaluación y seguimiento de la calidad educativa.

Cambios y novedades introducidas por el proyecto

Entre las modificaciones más relevantes que plantea el proyecto de decreto, se destacan las siguientes: - Incorporación de la educación inicial en el sistema nacional de evaluación, con una medición periódica de la calidad en sus dos ciclos: desde el nacimiento hasta los 3 años, y de los 3 a los 6 años (preescolar). Esta medición busca valorar las condiciones de prestación del servicio y el desarrollo integral de los niños, incluyendo aspectos cognitivos, emocionales y sociales. - Reglamentación de los exámenes de Estado para la educación básica, estableciendo que estos evalúan de manera estandarizada el desarrollo de competencias y aprendizajes, tanto en el saber académico como en dimensiones relacionadas con el ser, tales como ciudadanía, derechos humanos, paz, reconciliación y diversidad étnica. - Actualización de los exámenes para la educación media y superior (Saber 11, Saber PRO y Saber TyT), fortaleciendo su función como instrumentos para la evaluación externa de la calidad educativa, requisito para la obtención del título respectivo y para el ingreso a niveles educativos superiores. - Establecimiento de principios rectores para la evaluación de la calidad, tales como la finalidad orientada a la mejora continua, la validez, inclusión, comparabilidad, continuidad y consideración del contexto social y cultural de los estudiantes. - Introducción de un sistema de gestión del conocimiento y uso de resultados, que promueve la producción, divulgación y apropiación social de la información generada por las evaluaciones para la toma de decisiones y la transformación educativa. - Definición de responsabilidades claras para los actores involucrados, incluyendo al Ministerio de Educación Nacional, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI), las entidades territoriales certificadas, los prestadores del servicio educativo y la comunidad educativa.

Medidas específicas y responsabilidades asignadas

El proyecto detalla acciones concretas para cada actor clave: - El Ministerio de Educación Nacional será responsable de reglamentar, coordinar, financiar y liderar las estrategias técnicas, uso y difusión de los resultados de la medición de la calidad educativa, así como de promover investigaciones y apoyar mediciones territoriales. - El Icfes tendrá a su cargo la aplicación de los exámenes oficiales, la publicación y socialización de resultados, la coordinación con el Ministerio para el uso de la información y la promoción de investigaciones para la mejora continua. - El ICBF participará activamente en la medición de la calidad de la educación inicial, aplicando la medición en su oferta y articulándose con el Ministerio para la difusión y uso de resultados. - La Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia (CIPI) contribuirá a posicionar y promover el uso de los resultados de la medición de calidad en la educación inicial y en la toma de decisiones públicas basadas en evidencia. - Las entidades territoriales certificadas deberán realizar mediciones territoriales, articularse con las mediciones nacionales y promover la socialización y uso de resultados para mejorar la calidad educativa en sus jurisdicciones. - Los prestadores del servicio educativo y la comunidad educativa están llamados a participar activamente en los procesos de medición, aportar conocimiento para su actualización y utilizar los resultados para fortalecer la calidad de la educación.

Participación ciudadana y proceso de socialización

El proyecto de decreto fue publicado y socializado en un periodo determinado para recibir observaciones de la ciudadanía, en concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De esta manera, se busca garantizar la transparencia y la participación de diversos actores en el proceso de elaboración normativa. El Ministerio de Educación Nacional, junto con el Icfes y otras entidades, promoverán campañas y estrategias comunicativas para facilitar la comprensión, apropiación y uso de los resultados de la evaluación de calidad por parte de la comunidad educativa y la ciudadanía en general.