Antecedentes del caso

Un servidor público retirado por reconocimiento de pensión de invalidez presentó demandas contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debido a controversias relacionadas con el pago de prestaciones laborales y compensaciones por supuestos pagos indebidos durante períodos de incapacidad por enfermedad mental diagnosticada como trastorno mixto de ansiedad, depresión y déficit cognitivo. Debido a su condición, se designó una persona de apoyo con facultades para representarlo judicialmente. La persona de apoyo tuvo conocimiento cierto del acto administrativo afectante varios años después de su notificación inicial.

Decisiones judiciales y argumentos

El juzgado de primera instancia y el tribunal administrativo rechazaron las demandas por considerar que el término de caducidad para interponerlas había expirado, computando dicho término desde la fecha en que fue otorgada la escritura pública de designación de persona de apoyo, y no desde el momento en que esta adquirió conocimiento efectivo del acto administrativo. Además, concluyeron que la respuesta negativa a la solicitud de revocatoria directa no constituía un acto administrativo susceptible de control judicial. La persona de apoyo interpuso acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales, especialmente por la falta de consideración de la condición de discapacidad del afectado, lo que impedía su comprensión y reacción frente a los actos administrativos. Invocó precedentes constitucionales y jurisprudenciales que reconocen la protección reforzada para personas en situación de discapacidad y la necesidad de flexibilizar cargas procesales para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Consideraciones de la Sala

El Consejo de Estado reconoció que la acción de tutela era procedente al existir una afectación manifiesta de derechos fundamentales. Destacó que...