Contexto y fundamento legal de la Resolución 0382 de 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió la Resolución 0382 el 14 de mayo de 2025, publicada en el Diario Oficial No. 53.154 el 19 de junio de 2025, con el propósito de crear el Programa de Comedores Populares de Emergencia (CPE) dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Esta resolución se fundamenta en diversas disposiciones constitucionales y legales, entre ellas el Decreto Ley 4147 de 2011 y la Ley 1523 de 2012, que regulan la gestión integral del riesgo de desastres en Colombia. El programa surge en respuesta a la obligación estatal de proteger la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, especialmente en situaciones de emergencia y desastre. El derecho a la alimentación es reconocido como un derecho humano esencial, y la resolución busca garantizar su cumplimiento en contextos donde la seguridad alimentaria se ve afectada por eventos adversos.

Objetivo y alcance del Programa de Comedores Populares de Emergencia

El Programa de Comedores Populares de Emergencia tiene como objetivo principal suministrar diariamente una ración de comida cocinada y caliente a las personas damnificadas por desastres o calamidades públicas declaradas oficialmente. Esta asistencia alimentaria se ofrece por un período de hasta noventa (90) días de prestación efectiva, complementando las acciones inmediatas de entrega de kits alimentarios y canastas básicas. La resolución está dirigida principalmente a las comunidades afectadas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD), garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. La intervención prioriza la gestión comunitaria, delegando la operación de los comedores a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a las autoridades tradicionales de grupos minoritarios de interés constitucional, tales como cabildos indígenas, consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y al pueblo Rom.

Decisiones clave y mecanismos operativos

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la priorización de la gestión local para la operación de los CPE. Se establece un proceso de selección de las operadoras, dando preferencia a las organizaciones comunitarias y étnicas ubicadas en las zonas declaradas en emergencia. En caso de que estas no estén disponibles o no cumplan con los requisitos, la UNGRD podrá convocar a otras juntas o organizaciones civiles del territorio, valorando aspectos como la experiencia, la capacitación en manipulación de alimentos y primeros auxilios, y la inclusión de miembros vulnerables como víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de hogar o personas con discapacidad. La resolución detalla asimismo las obligaciones tanto de las operadoras como de la UNGRD en la ejecución del programa. Las operadoras deben cumplir con requisitos de idoneidad, manejo financiero, calidad en la prestación del servicio y presentación de informes, así como cumplir con las normas de salud pública y seguridad en el trabajo. Por su parte, la UNGRD asume funciones de supervisión, acompañamiento técnico y administrativo, transferencia oportuna de recursos y establecimiento de cronogramas para asegurar la correcta ejecución. En cuanto a la financiación, el programa se sustenta en los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). El desembolso se realiza en tres fases: un anticipo del 40% para iniciar actividades, un segundo desembolso del 40% tras la legalización del primero y un desembolso final del 20% una vez presentado y aprobado el informe final de ejecución. Los recursos no ejecutados o mal soportados deberán reintegrarse al FNGRD.

Participación comunitaria y control social

La resolución promueve la participación activa de la comunidad en el control y vigilancia del programa, permitiendo la constitución de veedurías ciudadanas para supervisar la gestión y el uso adecuado de los recursos. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas, elementos esenciales en la administración pública. Además, la implementación de los comedores populares contribuye a fortalecer la resiliencia comunitaria, al empoderar a las organizaciones locales y fomentar su capacidad para responder colectivamente a las crisis, lo que puede tener un impacto positivo en la cohesión social y la recuperación post-desastre.

Impacto potencial y relevancia jurídica

La creación del Programa de Comedores Populares de Emergencia representa un avance significativo en la política pública de gestión del riesgo y asistencia humanitaria en Colombia. Al institucionalizar un mecanismo complementario de alimentación en emergencias, la resolución fortalece la respuesta estatal y comunitaria ante desastres, asegurando la protección de un derecho fundamental en circunstancias críticas. La resolución también se alinea con los principios constitucionales de dignidad humana, solidaridad, igualdad y participación, evidenciando un enfoque integral que combina la garantía de derechos con la promoción de la autonomía y la organización comunitaria. Finalmente, la derogatoria expresa de la Resolución 1087 de 2022 actualiza el marco normativo, incorporando aprendizajes y experiencias recientes para mejorar la eficiencia y efectividad del programa.

Conclusión

La Resolución 0382 de 2025 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establece un importante instrumento para atender la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por emergencias y desastres en Colombia. Su enfoque participativo, basado en la gestión local y el respeto por la diversidad étnica y cultural, ofrece un modelo replicable y sostenible para la asistencia humanitaria. Este programa no solo responde a una necesidad inmediata, sino que también fortalece la capacidad de las comunidades para enfrentar futuras crisis, consolidando un sistema de gestión del riesgo más inclusivo y efectivo. Para consultar la resolución completa, puede accederse al Diario Oficial No. 53.154 del 19 de junio de 2025 o al sitio web oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.