Propósito y objetivo del proyecto de resolución

El proyecto de resolución presentado por el Ministerio de Transporte tiene como propósito general ajustar la estructura tarifaria del peaje “El Placer”, ubicado en el corredor vial Rumichaca - Pasto, bajo el Contrato de Concesión No. 015 de 2015, que opera bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). Esta acción responde a la necesidad de normalizar la tarifa de peaje establecida contractualmente, la cual ha sufrido suspensiones y ajustes parciales debido a impactos sociales adversos y a regulaciones recientes. El objetivo principal de la resolución es restablecer y aplicar de manera gradual y progresiva los incrementos tarifarios previamente acordados y suspendidos desde el año 2022, con el fin de garantizar el equilibrio entre la sostenibilidad financiera del proyecto vial y el bienestar de los usuarios y comunidades afectadas. Además, busca asegurar la adecuada operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, conforme a lo estipulado en el contrato de concesión y en la normatividad vigente.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución modifica los artículos segundo de las Resoluciones Nos. 20213040020955 y 20213040021155 de mayo de 2021, ajustando las tarifas plenas y diferenciales que se cobrarán en la estación de peaje “El Placer” a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 15 de enero de 2026. Se establecen tarifas diferenciadas por categorías vehiculares que incluyen automóviles, vehículos de servicio público, camiones de carga y otros, con valores específicos para usuarios frecuentes residentes en municipios aledaños. Adicionalmente, se fijan incrementos progresivos para los años 2026 y 2027, con porcentajes que varían según la categoría del vehículo, incorporando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como factor de actualización. A partir del año 2028, las tarifas se actualizarán anualmente conforme a las disposiciones contractuales vigentes, ajustándose al IPC y redondeándose para facilitar el recaudo. Asimismo, las tarifas incluirán el valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), que se ha establecido en quinientos pesos por vehículo y que contribuirá a la financiación de programas de seguridad vial.

Acciones y regulaciones específicas establecidas

El ajuste tarifario responde a una serie de hechos regulatorios y sociales que marcaron la evolución de las tarifas en los últimos años. Después de la terminación de la Unidad Funcional 4 del proyecto en marzo de 2021, se contempló un incremento gradual de las tarifas, que fue suspendido en varias ocasiones mediante acuerdos entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario y el Ministerio de Transporte, debido a la inconformidad y el impacto social generado entre los usuarios, incluyendo posibles protestas y paros camioneros. En 2023, mediante un decreto presidencial, se ordenó la suspensión temporal de incrementos tarifarios en todo el país, instrucción que fue acompañada por la creación de un fondo de contingencias para atender las obligaciones financieras derivadas de esta medida. Posteriormente, se establecieron incrementos parciales y la obligación de normalizar la estructura tarifaria a más tardar en diciembre de 2024. La resolución actual ajusta los incrementos para evitar incrementos abruptos, procurando mitigar impactos económicos y sociales. Para ello, se estableció un acuerdo entre la ANI y el concesionario para no aplicar ciertos incrementos inicialmente previstos, y se definió un nuevo esquema gradual para aplicar desde julio de 2025, buscando conciliar la sostenibilidad financiera del proyecto con las necesidades y capacidades de los usuarios y comunidades locales.

Impacto esperado y alcance del ajuste tarifario

El ajuste tarifario aprobado busca garantizar la sostenibilidad financiera y operativa del proyecto Rumichaca - Pasto, permitiendo la adecuada financiación de las actividades de operación, mantenimiento y desarrollo vial contempladas en el contrato de concesión. Esto es fundamental para asegurar que la infraestructura funcione en condiciones óptimas de seguridad, calidad y accesibilidad para los usuarios. Al restablecer gradualmente los incrementos tarifarios, se espera disminuir la incertidumbre y la conflictividad social que se generó por las suspensiones previas. La aplicación de tarifas diferenciales para residentes de municipios cercanos también refleja un enfoque de equidad, atendiendo las particularidades socioeconómicas de diferentes grupos de usuarios. Además, el ajuste contribuye a la implementación de principios fundamentales establecidos en la Ley 105 de 1993, como la soberanía del pueblo, la intervención estatal, la libre circulación, la integración nacional e internacional, y la seguridad vial. La vía Rumichaca - Pasto conecta con la frontera con Ecuador, por lo que la normalización tarifaria también impacta positivamente en el comercio y el turismo internacional.

Participación de actores clave y proceso consultivo

El ajuste de la estructura tarifaria fue producto de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el concesionario del proyecto y representantes de las comunidades y gremios afectados. Se llevaron a cabo mesas de trabajo y acuerdos para analizar los impactos sociales y definir un esquema de incrementos gradual que atienda las preocupaciones de los usuarios sin afectar la viabilidad del proyecto. Además, la propuesta de resolución fue sometida a consulta pública a través de la página web del Ministerio de Transporte durante varios días, permitiendo que ciudadanos y grupos de interés presentaran comentarios, observaciones y propuestas, lo que contribuyó a mejorar la transparencia y legitimidad del proceso.

Conclusión

La resolución emitida por el Ministerio de Transporte representa un paso importante para la normalización y sostenibilidad financiera del proyecto vial Rumichaca - Pasto, mediante un ajuste tarifario equilibrado que responde a los compromisos contractuales y a las demandas sociales. Este ajuste permitirá mejorar la operación y mantenimiento de la infraestructura, garantizar la seguridad y calidad del servicio, y promover la movilidad y el desarrollo económico en una región estratégica para la integración fronteriza y el comercio internacional. La participación activa de las entidades públicas, el concesionario y las comunidades, junto con el proceso de consulta pública, evidencian un enfoque colaborativo y transparente en la toma de decisiones que afectan a diversos sectores sociales y económicos. El Ministerio de Transporte continuará supervisando la implementación de esta medida para asegurar su efectividad y el cumplimiento de los objetivos planteados, garantizando así que la infraestructura vial siga contribuyendo al desarrollo regional y nacional de manera sostenible y equitativa.